Exigen a juez defender interés educativo en caso de la Carrillo Puerto
MORELIA, Mich., 6 de marzo de 2024.- Este miércoles se llevó a cabo una manifestación en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en la avenida Camelinas en su cruce con la avenida Enrique Ramírez, en Morelia, por parte de personal de la escuela Secundaria Popular Felipe Carrillo Puerto.
De acuerdo con lo expuesto en un posicionamiento, se desarrollaría la audiencia incidental para resolver si se les otorga la suspensión de los efectos de la sentencia que les indica la instrucción de desocupar el edificio que ocupan después de 47 años porque pertenece al Colegio de San Nicolás, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).
Afuera de dichas instalaciones se organizaron para lanzar consignas a las autoridades federales para que intervengan en lo que respecta al conflicto por las instalaciones y no mantengan el resolutivo que los obligaría a desocuparlas, lo que afectaría el derecho de acceso a la educación de los estudiantes.
Recordaron que presentaron un amparo y que la representación legal del plantel fue notificada el jueves 27 de febrero que se había admitido, pero insisten en que el juez del Juzgado Segundo de Distrito, Salvador Martínez Calvillo, no ceda ante las que califican como presiones políticas.
Recordaron que en octubre de 2021 el entonces rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Raúl Cárdenas Navarro, presentó una demanda por la vía civil contra el patronato de la secundaria para solicitar la reivindicación del inmueble.
De esta forma, mediante la sentencia dictada por el Juzgado Sexto de lo Civil el 11 de noviembre del año 2022, se resolvió la no procedencia de la acción en virtud de que la UMSNH no acreditó los elementos constitutivos de la acción.
Ante la resolución del Juzgado Sexto de lo Civil, la Casa de Hidalgo interpuso el recurso de apelación, la cual fue resuelta por la Novena Sala Civil del Poder Judicial, desde este momento el juicio ha presentado violaciones procesales, como a falta de legitimidad con la que las autoridades judiciales pretenden realizar un desalojo ilegal, pues nunca logro a acreditar la existencia de un supuesto Patronato.
"Creemos que el objetivo es político y no jurídico, pues con ello se deja a la Comunidad de la Secundaria Popular en la indefensión jurídica y demuestra que nuestra representación jurídica presentó el amparo esperando que sean escuchados y se defienda el interés superior de las infancias de acceder a la educación gratuita y científica", mencionaron en su documento difundido.
