En veremos, adhesión de alcaldes del PRI a Mando Único
MORELIA, Mich., 24 de agosto de 2018.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) todavía analiza pros y contras de sumarse al Mando Único Policial, principal estrategia para la contención policial ante acciones delictivas, y a la que rechazan partidos como Morena, y otros como el Acción Nacional condicionan a la facultad de designar ellos mismos a sus directores de seguridad.
“No tenemos nada todavía, hasta que tomen posesión nuestros alcaldes, mientras ellos no hayan asumido la responsabilidad para la que fueron electos no pueden firmar el convenio; en cuanto se instalen los 21 alcaldes del PRI vamos a hacer un análisis para valorar el tema del Mando Único”, señaló.
En entrevista con Quadratín, el presidente estatal del PRI, Víctor Silva Tejeda, evadió adelantar una postura clara respecto al asunto harto mencionado en los últimos días, debido a que las nuevas autoridades municipales iniciarán funciones el 1 de septiembre y la Secretaría de Gobierno ha advertido el riesgo de un vacío jurídico si no se renueva el acuerdo.
2015: la promesa del Mando Único Policial
Planteado desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, el MUP fue recapitulado en 2014 por Enrique Peña Nieto, y en una serie de reformas constitucionales estableció la desaparición de las 1 mil 800 policías municipales del país, y la creación de 32 mandos únicos y se homologaron criterios de contratación, capacitación, operación, remuneración y evaluación.
El lunes 9 de noviembre de 2015, en un acto protocolario, el entonces titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, formalizó la adhesión de Michoacán al Mando Único Policial, que a tres años de distancia se tambalea en Michoacán, toda vez que el partido Morena ha llamado a sus 16 alcaldías a no firmar el pacto.
Los primeros en suscribirse y estar de acuerdo fueron los gobiernos municipales del PAN, pero luego la dirigencia del partido albiazul señaló allanamiento de facultades de las policías municipales, por lo que planteó la creación de "policías mixtas", y la creación de un órgano técnico externo al gobierno, que determine dónde se debe implementar o no el MUP.
En esa ocasión, partidos de oposición, como Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo advirtieron que revertir la crisis de inseguridad en la entidad no dependía de “firmar un papel”, sino de acciones de prevención para restaurar el tejido social, a partir de reducir los índices de pobreza; otros partidos de oposición, como Morena, rechazaron la estrategia.
