Priorizará PRD temas e iniciativas en materia política: Iris Mendoza
CIUDAD DE MÉXICO, 2 de febrero de 2018.- El Grupo Parlamentario del PRD, en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de la LXIII Legislatura, impulsaremos una agenda legislativa en materia política que permita sacar adelante reformas trascendentes ante los escenarios adversos que enfrenta México en seguridad, protección de los derechos humanos, prevención del delito, política migratoria, agresiones contra periodistas y defensores de derechos, y profesionalización de las policías del país.
Con especial énfasis, los senadores del PRD daremos seguimiento a cinco temas que ya cuentan con iniciativas legislativas presentadas y acciones concretas.
- Propaganda Gubernamental, que requiere una Ley Reglamentaria del artículo 134 constitucional, cuya aprobación debe estar terminado antes del final de este periodo legislativo de acuerdo con el mandato de la SCJN.
- Expedir al Ley Reglamentaria para conformar Gobiernos de Coalición
- Culminar la integración del Sistema Nacional Anticorrupción, incluyendo Fiscal Especializado y Magistrados del Tribunal federal de Justicia Administrativa.
- Legislar en torno al Nuevo Modelo de Fiscalía General de la Nación, y el seguimiento a lo que resuelva la SCJN sobre la Acción de Inconstitucionalidad presentada contra la Ley de Seguridad Interior.
Según un comunicado de prensa, adicional a ello, el GPPRD en el Senado impulsaremos reformas a la Ley de Seguridad Nacional para definir adecuadamente dentro de ella el concepto de seguridad interior.
Presentaremos una Iniciativa de reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para facultar a las Cámaras del Congreso de la Unión para llamar a comparecer, en cualquier momento, a personas físicas o morales en cualquier asunto que resulte relevante para el poder legislativo federal.
Iniciativa de Ley Federal de las Fuerzas Armadas y reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para la creación de la Secretaría de Seguridad Nacional a cargo de un secretario civil, con un Estado Mayor civil y militar.
Reformas para reestructurar el Sistema Nacional de Seguridad Pública y para fortalecer las capacidades de las policías locales, que dignifique las labores de quienes integran las instituciones de seguridad pública y que genere nuevas condiciones de convivencia para regenerar el dañado tejido social.
Reforma a la Ley Reglamentaria del artículo 102 constitucional, apartado B, relativo a la facultad otorgada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para investigar las violaciones graves a los derechos fundamentales.
Y reformas al mecanismo previsto en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para mejorar la capacidad de reacción, contar con medidas de protección suficientes, incorporar enfoque de género, coordinar efectivamente la implementación de medidas de protección entre entidades federativas y la federación, contar con una política de prevención y medidas que permitan atacar las fuentes y causas de la violencia contra personas defensoras de Derechos humanos y Periodistas.
En cuanto al Desplazamiento Forzado Interno, se buscará expedir una ley general que reconozca esta problemática que afecta a más de 300 mil personas en el país y permita crear un marco jurídico para atender, proteger y asistir las necesidades especiales que requieren las personas y comunidades desplazadas, con un enfoque especializado para prevenir y atender este fenómeno.
Reformas al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otros relativos a ciudadanía y derechos civiles, para promover que las organizaciones sociales y las personas fortalezcan y amplíen los espacios de participación social para la solución de los problemas nacionales.
Y reformar los artículos 228, 345, y otros del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para prevenir que la libertad de creatividad y difusión de las campañas políticas transgredan otros derechos. Así como una reforma a la justicia agraria para que los tribunales agrarios queden adscritos al Poder Judicial de la Federación.
