Senado hace exhorto a Michoacán y CEDH tras detención de normalistas
CIUDAD DE MÉXICO, 19 de octubre de 2017.- Proposición con punto de acuerdo de la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza por el cual el Senado de la República hace un respetuoso exhorto a las autoridades del Gobierno del Estado de Michoacán y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos relacionado con los hechos ocurridos del 10 al 15 de octubre de 2017 contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, señala un comunicado de prensa.
Iris Vianey Mendoza Mendoza, Senadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante el Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
Los días 10 y 15 de octubre de 2017, se perpetraron una serie de acciones represivas de la Policía Estatal contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, en Tiripetío, Michoacán, y activistas comunitarios por parte de elementos. Integrantes del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma (MCDL), sufrieron agresiones durante un operativo de estas fuerzas policiales estatales en el que, presumimos, resultaron detenidas arbitrariamente dos personas. De igual manera, es conocido que normalistas que se manifestaron para exigir la liberación de sus compañeros estudiantes, fueron agredidos con uso excesivo de la fuerza pública. Por lo que de estos hechos se derivó la detención, también presumimos, arbitraria de 65 personas, y varias personas que resalaron heridas.
El pasado martes 10 de octubre del 2017, los integrantes del MCDL, principalmente mujeres, niñas, niños y personas adultas mayores, realizaron una manifestación para exigir la evaluación de los daños en las casas y escuelas ocasionados por las explosiones que la empresa PROACON-ALDESA ha estado detonando para la construcción del Ramal Camelinas. Alrededor de las 19:30 hrs., tras aproximadamente 5 horas de manifestación pacífica en la calle Baltazar Echave, llegó un estimado de 80 elementos de la UROP (Unidad de Restablecimiento del Orden Público) a disolver la manifestación haciendo un uso desproporcionado y violento de la fuerza.
En medio de estos actos, se ha denunciado que un grupo de sujetos vestidos de civiles sometió a Carlos Olivares Valencia, primero quitándole el teléfono celular con que llevaba el registro fotográfico de la manifestación y después, subiéndolo a una camioneta blanca sin placas. Dentro del vehículo, se ha informado que el señor Olivares fue continuamente golpeado, insultado y amenazado, según documentó otro miembro del MCDL, de quien omitimos su nombre por temor a que sufra represalias. A pesar de las irregularidades y de que se presume que sufrieron violaciones a sus derechos, ambos continúan bajo proceso por el delito de ataque a las vías de comunicación, por lo que creemos que debe investigarse si ambas personas fueron privadas de su libertad sin cumplir con los procedimientos constitucionales y legales que protegen a las personas.
El viernes 13 de octubre, normalistas de Tiripetío se encontraban realizando boteo con el fin de obtener recursos para una movilización que se realizaría el día 15 del mismo mes, con motivo de conmemorar y no olvidar la represión que sufrieron en la misma fecha en el año 2012. Cuando se encontraban realizando esta actividad, en la carretera Siglo XXI, policías estatales procedieron a detener a seis personas supuestamente por secuestrar camiones, según versiones de medios locales. A raíz de estos hechos, el 15 de octubre alrededor de 300 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Tiripetío, se manifestaron a las afueras de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJE) para exigir la liberación de sus compañeros. Como respuesta, nuevamente es conocido que la Policía Estatal desplegó un operativo con 200 elementos que persiguió y agredió a los estudiantes manifestantes, haciendo uso de gas lacrimógeno y deteniendo a 65 personas de manera arbitraria.
Con todas estas acciones, creemos que estaríamos presenciando un ejercicio abusivo de las facultades de la policía estatal que no es aceptable en una sociedad democrática, pues el poder punitivo sólo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. Es por ello, que desde 2012, presenté la Iniciativa para regular el uso legítimo de la fuerza que considero, por el bien de Michoacán y del resto de país, este Senado está obligado ya a dictaminar de conformidad con lo que establece la normatividad interna.
El artículo 6o constitucional, párrafo primero establece el derecho humano a la libre expresión de las ideas, precisando que no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Además, el artículo 9o del mismo ordenamiento, refiere que no podrá coartarse el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito y de manera más amplia, el artículo 1 constitucional señala que todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de todas las y los mexicanos.
Presentamos este punto de acuerdo con la finalidad de que el actuar de las autoridades se apegue a las obligaciones que se desprenden de los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano para garantizar los derechos a la libertad de expresión, a la protesta social, a la libertad de tránsito, a la libertad, a la integridad y a la seguridad jurídica. Poniendo énfasis en la necesidad de que las autoridades mencionadas cesen la criminalización de normalistas, activistas y defensores de derechos humanos, en los siguientes términos:
Ante lo anteriormente expuesto, proponemos el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Michoacán, para que a través de la PGJE se investiguen y se sancionen a los responsables de los hechos de criminalización y represión señalados, basándose en todo momento en los estándares nacionales e internacionales de los cuales el Estado Mexicano está comprometido.
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán a iniciar una queja de oficio, investigar los hechos y determinar conforme a Derecho las sanciones correspondientes a los servidores públicos implicados en los hechos narrados.
