Observador ciudadano/Enrique Bautista Villegas
OBSERVADOR CIUDADANO
POR UN FISCAL GENERAL INDEPENDIENTE
Enrique Bautista Villegas
Es un hecho que nadie escoge a sus parientes pero si a sus amigos. Lo anterior viene a cuento a partir de las ligas familiares del Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, primo del ex Consejero Jurídico de la Presidencia hasta el mes de junio pasado, Humberto Castillejos Cervantes, y de Alfredo Castillo Cervantes, ex Procurador de Justicia del Estado de México cuando Peña Nieto fue Gobernador de la entidad, y ex comisionado para la “seguridad y el desarrollo integral de Michoacán” hasta hace un par de años.
Y Cervantes Andrade no ha escogido a sus parientes, si ha sabido escoger a sus amigos, ya que se le considera cercano a Peña Nieto, habiendo sido Consejero Político Nacional y Coordinador de Asuntos Jurídicos del PRI, durante su campaña a la presidencia. Ha sido en dos ocasiones Diputado Federal por representación proporcional (a la LVIII Legislatura de 2000 a 2003 y a la LX Legislatura de 2006 a 2009) y Senador de la República por lista nacional de su partido, el PRI, para el periodo de 2012 a 2018. Presidió el Senado del 1 de septiembre de 2013 al 31 de agosto de 2014. En las tres ocasiones que hasta ahora ha sido representante popular llegó por la vía de la representación proporcional; es decir, sin haber recibido el voto directo de los lectores.
Seguramente el Procurador Raúl Cervantes es un hombre brillante, ya que cuenta también con innumerables especialidades jurídicas y un Doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana.
En otro orden de cosas, pero también materia de este comentario, vale la pena recordar que de acuerdo a una reforma al Artículo 102 de la Constitución de febrero de 2014, el Ministerio Público estará encabezado por un Fiscal General de la Nación; el propio artículo dota al fiscal de autonomía, es decir, sus funciones dejarán de ser parte de las funciones del Poder Ejecutivo, ya no será miembro del Gabinete, será un funcionario independiente, estará en el cargo 9 años a partir de su designación.
La reforma al artículo 102 constitucional por el que Procuraduría General de la República sería sustituida por la Fiscalía General de la República contempla que el Ministerio Público se organice en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios.
La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República.
En abril de este año se establecieron en el Congreso de La Unión los mecanismos mediante los que deberá ser designado el Fiscal General de la República. Los mismos abren la posibilidad de que si la mayoría de los Senadores así lo aprueban quien desempeñe en su momento la posición de Procurador General de la Republica podrá ser ratificado como Fiscal General por un período de 9 años.
Existe entre la ciudadanía una gran preocupación de que en los primeros día del mes que inicia, el PRI y sus aliados del Partido Verde y un grupo de senadores panistas afines al ex Presidente Felipe Calderón, pretendan ratificar al Procurador Cervantes como Fiscal General de la República por un período de 9 años a partir de la fecha de su elección por parte del Senado.
La preocupación deriva, no de dudas en sobre la capacidad de Cervantes para desempeñar el puesto, sino del conflicto de intereses en el que vive, y ha vivido a lo largo de su vida profesional y política. Resulta obvia su cercanía familiar con altos funcionarios del gobierno de la República, y de amistad con muchos más, pero en particular con el Presidente Peña Nieto. A los ojos de cualquier ciudadano normal (no se necesita ser suspicaz) estos antecedentes no garantizarían imparcialidad en la aplicación de la Ley en los expedientes que llegaran a presentarse ante la Fiscalía a su cargo en contra de funcionarios del gobierno actual derivados de actos de corrupción e ilegalidad.
Muchas voces y organizaciones de la sociedad civil, academia, empresarios, empresarias, expertas y expertos en la materia han manifestado su preocupación por el rumbo que pueda tomar la procuración de justicia en el país si se pretende imponer en el Senado a Cervantes Andrade como Fiscal General. Se considera que para la elección del Fiscal General se debe contar con un formato de parlamento abierto, en donde se escuchen las voces de la sociedad.
La Fiscalía General de la República tendrá entre sus funciones recuperar la credibilidad en el Ministerio Público y contribuir con el Poder Judicial a la recuperación del Estado de Derecho. Deberá luchar contra la corrupción y la impunidad que se han constituido, con la inseguridad en los principales cánceres de nuestro país; y eso nadie lo puede soslayar.
Es por ello fundamental que la ciudadanía se organice para garantizar la designación de una Fiscal General, y un equipo de colaboradores que respondan a los intereses generales de la población y no a los de grupo de poder en lo particular
