Ha recibido CEDH 3 quejas por ejecuciones extrajudiciales este año
MORELIA, Mich., 3 de agosto de 2017.- Entre el viernes 4 y el lunes 7 de agosto la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitirá un resolutivo respecto del homicidio de Francisco R. por parte de elementos de la Policía Michoacán, en la colonia División del Norte, en Morelia, luego de acreditar el hecho como una ejecución extrajudicial, expuso Víctor Manuel Serrato Lozano, titular de la instancia; en proceso se encuentran dos casos más de probables ejecuciones extrajudiciales concretadas en este año en la entidad.
Serrato Lozano mencionó que “a más tardar el lunes” 7 de agosto la CEDH estará en condiciones de notificar a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) su recomendación en el caso de Francisco R., quien en febrero de 2017 pereciera tras ser perseguido por elementos de la Policía Michoacán, luego de su presunta implicación en el asalto a un negocio en la colonia División del Norte e intento de huida, a causa de 13 disparos por arma de fuego.
Detalló que el análisis de los testimonios de los familiares de la víctima, el informe de balística y el informe de autoridad “convencieron al visitador que de la Policía Michoacán había actuado de forma arbitraria”.
Reiteró que en este caso la ejecución extrajudicial sí fue acreditada, ya que los 13 disparos de arma de fuego que recibió Francisco R. representan un uso desproporcional de la fuerza ante un hecho que ameritaba únicamente su detención.
Víctor Manuel Serrato agregó que en este año la CEDH ha captado un total de tres procesos de inconformidad por ejecuciones extrajudiciales, además del caso del presunto asaltante en la colonia División del Norte, dos sujetos detenidos en las inmediaciones del centro comercial Espacio Las Américas y cuatro civiles fallecidos en un enfrentamiento en Arantepacua.
Aseguró que el caso de los detenidos por portación de arma de fuego en Espacio Las Américas, quienes fallecieran en marzo de 2017 en circunstancias “no muy claras”, se encuentra en fase de pruebas, próximo a su cierre y emisión de un resolutivo.
“Nunca nos convenció la versión que la autoridad proporción referente a un accidente o una frenada brusca, que provocara las lesiones que costaran la vida a los detenidos; para el análisis, conseguimos vídeos, pero debo confesar que el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5), que opera las cámaras de vigilancia de la ciudad, nunca nos ha permitido acceder a los vídeos, pero lo logramos a través de una empresa particular”, mencionó.
Por su parte, para la revisión del caso de los cuatro civiles fallecidos en Arantepacua, por una presunta ejecución extrajudicial, Serrato Lobato comentó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dispuso el envío de peritos y visitadores adjuntos “a recabar las evidencias que más se pudieron, así como los testimonios de las comunidad y de los familiares”, luego de atraer las investigaciones, por lo que será esta instancia la responsable de proporcionar un resolutivo.
Preocupante, uso excesivo de la fuerza
El ombudsman lamentó que en lo que va de 2017 se presenten, además de tres procesos por ejecuciones extrajudiciales, tres quejas por uso excesivo de la fuerza, en particular en manifestaciones de movimientos indígenas y estudiantes normalistas, ya que se ha evidenciado una tendencia preocupante en el alza del uso excesivo de la fuerza por parte de elementos policíacos.
“Llama mucho la atención el creciente uso excesivo de fuerza en los últimos operativos, que ha dejado lamentables consecuencias por el uso de armas de fuego; sí se pueden usar, pero de manera legítima, con proporcionalidad y como último recurso, ojalá no sea una constante, porque este año nos llama la atención el número de casos presentados”, reiteró el titular de la CEDH.
Destacó que se han emitido exhortos a la SSP a revisar sus protocolos de intervención, y aunque sí existe disposición de la autoridad, la constante rotación de elementos que experimentan las corporaciones policíacas obligan a una continua capacitación en materia de derechos humanos, ya que “cuando lo logramos (capacitar a los elementos) hay rotación y nuevamente requieren de capacitación, así que necesitamos un servicio constante de profesionalización”.
Víctor Manuel Serrato manifestó que más del 60 por ciento de los policías locales cuenta con cursos o capacitación en derechos humanos, pero “luego no acreditan el examen de control de confianza y son dados de baja, por lo que tenemos que encontrar una fórmula para lograr una profesionalización permanente”.