Servicios públicos/Santiago Galicia Rojon
De pronto, en diálogos de café, en reuniones familiares y de amigos, en centros laborales y en análisis más serios, la gente cae en la cuenta de que las autoridades, en sus diferentes niveles, han perdido capacidad para proporcionar los servicios públicos que les corresponden.
Tal vez por la cantidad exagerada de burócratas y funcionarios improductivos, por ineficiencia o por malos manejos de los recursos, los gobiernos municipales, estatales y federal han olvidado sus responsabilidades y prefieren dar respuesta social con omisiones o concesiones caras y malas que, en todo caso, resultan onerosas para los ciudadanos que pagan impuestos.
Así, la recolección de basura casi es privada en Morelia, municipio donde en no pocas colonias los habitantes pagan las tarifas de agua potable y con frecuencia contratan el servicio de pipas; además, a nivel estatal la inseguridad ha rebasado a las instancias gubernamentales, a quienes es imposible garantizar el orden y la integridad de las personas, de modo que el gasto en vigilancia privada es una carga más. Las calles y carreteras presentan incontables baches y se encuentran deterioradas, mientras en el caso de las autopistas, los concesionarios son favorecidos para construirlas de pésima calidad y onerosas. Para todo, la solución a la demanda de servicios públicos parece ser el olvido o el esquema de concesión, como si se aplicara la ley de la gradualidad con cierto nivel de intencionalidad.
En ese sentido, líderes de la iniciativa privada michoacana coincidieron en que resulta primordial que las autoridades retornen a sus orígenes y asuman su responsabilidad de proporcionar servicios públicos a la sociedad, de manera que tienen el reto y la obligación de disminuir sustancialmente el número de burócratas y ejercer los presupuestos con eficiencia y absoluta transparencia.
De esta manera, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Morelia (Canacintra), Héctor Tinoco Garduño, se refirió específicamente al único parque fabril de la capital michoacana, la Ciudad Industrial, zona en la que abundan las calles con baches y deterioros, las lámparas se funden y falta seguridad.
Refirió que los empresarios establecidos en ese punto, cumplen con sus obligaciones tributarias, de tal modo que pagan predial y una diversidad de impuestos, lo que debería de comprometer a las instancias gubernamentales a proporcionar los servicios públicos que se requieren con urgencia.
Uno de los argumentos de las autoridades para no reparar las calles, agregó, es que no todos los vecinos cumplen con el pago del impuesto predial, ya que la zona fabril únicamente está ocupada al 30 por ciento de su capacidad, mientras bastantes terrenos permanecen ociosos o en manos de especuladores; sin embargo, los funcionarios olvidan que “nuestras aportaciones son significativas dentro de sus ingresos y presupuestos”.
Se quejó por el hecho de que ante la pasividad y negativa de las autoridades municipales para pavimentar o reparar las calles, los empresarios instalados en Ciudad Industrial de Morelia han contratado en el lapso de estos días el traslado de grava y arena para cubrir los baches y evitar mayores daños ante la época de lluvias.
Advirtió, finalmente, que si las autoridades retomaran su función original y se dedicaran a otorgar los servicios públicos que les corresponden, la zona industrial de Morelia sería más propicia para atraer inversiones productivas.
En tanto, el líder de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (Aiemac), Ricardo Bernal Vargas, opinó que la respuesta ineficiente de los gobiernos a las demandas colectivas de servicios, sin duda se debe al exceso de personal en las dependencias públicas, lo que significa destinar mayor cantidad de recursos económicos por concepto de gasto corriente, y quizá al uso inadecuado del dinero.
Criticó que el sector público haya perdido el fin que lo justifica y que hasta en el caso de las carreteras no pueda dar mantenimiento integral a las que existen y tenga que concesionar autopistas caras y riesgosas.
Hizo un llamado a los gobiernos municipales, estatal y federal para que rectifiquen el rumbo y cumplan con su obligación y responsabilidad de ofrecer servicios públicos de calidad a la sociedad.
Por su parte, el economista michoacano José Antonio Garrido Mejía, insistió en la necesidad y urgencia de que el gobierno replantee su papel y retorne a sus principios, a las causas que le dieron validez.
Reprobó el hecho de que en el caso del agua potable de Morelia, con toda la experiencia que existe en el organismo operador, se registren tanto desperdicio y grandes deficiencias, independientemente de que en diversas colonias de la ciudad las familias pagan los recibos bimestrales por un consumo que en realidad es imaginario porque muchas veces tienen que recurrir a la contratación de pipas que les cuestan dinero.
El ex líder empresarial recordó que desde hace varios años, la administración municipal de Morelia evadió su responsabilidad en el ámbito relacionado con la recolección de basura, situación que provocó que en la mayor parte de colonias y fraccionamientos la gente tenga que pagar por el servicio concesionado, mientras gran cantidad de camionetas en pésimas condiciones, recogen desperdicios en domicilios particulares y negocios y los dispersan, por descuido, en las calles por donde transitan hasta el relleno sanitario.
Hizo hincapié en que lejos de buscar soluciones, la administración municipal pretendía concesionar el servicio de alumbrado público. “En vez de tantas ceremonias públicas y fotografías en los medios de comunicación, las autoridades municipales deben replantear sus tareas y responder a la población con hechos”, recalcó.
Condenó que el gobierno municipal de Morelia sea incapaz de proporcionar servicios públicos acordes a las necesidades de la hora actual y sí, en cambio, participe en la construcción de un parque lineal al lado de un canal de aguas negras.
Respecto a las autopistas de cuota, “concesiones otorgadas por la Federación ante su imposibilidad de construir carreteras, Garrido Mejía declaró que continuamente se encuentran en reparación y en mal estado, situación que debería de originar que los usuarios pagaran menos, en dicha proporción, cuando sea el caso”.
Por último, los dos líderes y el economista coincidieron en que la participación ciudadana es fundamental en la elaboración de un proyecto común de municipio y estado, y que las autoridades, en cualquiera de sus niveles, deben retornar al principio que las compromete a otorgar servicios públicos, los cuales se supone están incluidos en los impuestos y son para eso, no con el propósito de mantener burócratas.
