En casi 2 años ha realizado Proam mil 500 acciones legales

MORELIA, Mich., 26 de junio de 2017.- Un total de mil 500 acciones legales ha realizado en los últimos 21 meses la Procuraduría de Protección al Ambiente (ProAm) en Michoacán en materia de reducción de la contaminación atmosférica por fuentes móviles y la verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental por empresas de competencia estatal, desarrolladores de vivienda y municipios, en la instalación de rellenos sanitarios, detalló Juan Carlos Vega Solórzano, titular de la dependencia.

Tras la inauguración del Curso de Formación Básica para Personal Adscrito a las Procuradurías Ambientales en las Entidades Federativas, correspondientes a los estados de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes y Nayarit, Vega Solórzano expresó que la actuación de la ProAm se limita a la revisión de los vehículos ostensiblemente contaminantes y el cumplimiento de las medidas de protección ambiental por empresas, constructoras y rellenos sanitarios municipales.

Para incursionar en los temas forestales, ha sido necesaria la emisión de reglamentación específica, como el decreto emitido por el gobierno de la entidad para la protección de bosques en 2016, en tanto que el cuidado de la fauna silvestre es competencia exclusiva de la Federación, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Agregó que esta delimitación de competencias es fundamental para garantizar un adecuado curso de las intervenciones que la instancia lleve a cabo en la atención de los recursos naturales y el medio ambiente, debido a que un inapropiado procedimiento puede impedir la imposición de sanciones a infractores de la norma.

Juan Carlos Vega aseveró que el fortalecimiento legal de las acciones que desarrolla el estado para la preservación de la naturaleza ha sido uno de los pilares de la política ambiental de Michoacán, que enfrenta en la tala clandestina y el cambio de uso de suelo sin autorización, para implementar cultivos, los principales retos del sector.

Sin embargo, es vital que la administración pública cuente con las herramientas jurídicas y de procedimientos legales para garantizar la aplicación y la efectividad de las medidas de prevención, contención, mitigación y sanción de daños a los ecosistemas.