Congreso desechará 5 iniciativas de ley declaradas improcedentes
En la sesión del 21 de junio, el pleno tendrá que dar su aval para desechar cinco iniciativas de ley con las que se proponían reformas para incluir nuevos tipos en el Código Penal o para incrementar las penas, todas desechas en la Comisión de Justicia que preside Ángel Cedillo Hernández.
Una de esas iniciativas es la presentada por el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Maldonado Hinojosa, para reformar el artículo 212 y agravar las establecidas para el delito de robo, específicamente en el tema de la receptación de productos agrícolas orgánicos, ante las constantes quejas por robo, coyotaje y comercialización informal.
Otra iniciativa que será desechada fue presentada por la diputada del Partido del Trabajo, Brenda Fabiola Fraga, para que incluyera el tipo de acoso cibernético y agravar el acoso callejero o en vía pública, al considerar que se deben modificar esas prácticas negativas y vergonzosas que evitan una sana y buena convivencia entre hombres y mujeres.
La iniciativa presentada por la diputada del PRI, Rosa María de la Torre para modificar el artículo 31 y tipificar los delitos de odio, ya que actualmente solo hacen mención a la discriminación por orientación sexual, origen étnico, discapacidad física y creencias religiosas, también será desechada.
La misma suerte correrá una iniciativa presentada por la diputada del Partido de la Revolución Democrática, Nalleli Julieta Pedraza Huerta para reformar el artículo 125 con lo que pretendía fueran consideradas las lesiones que por su propia naturaleza delictiva y corporal, ponen en peligro la vida del ser humano.
También será desechada la iniciativa de la petista Mary Carmen Bernal Martínez para cambiar la redacción del artículo 154 en el que se establece una pena de tres a seis años de prisión a quien abandone a un ser humano que no tenga la capacidad para valerse por sí mismo, respecto del cual tenga la obligación de cuidado o se encuentre legalmente a su cargo, y especificar que cuando se abandone a adultos mayores, personas con discapacidad o menores de edad, cuyas condiciones personales o de salud los colocan en situación vulnerable.
