Sin respuesta, procedimientos legales contra Ricardo Luna
MORELIA, Mich., 17 de mayo de 2017.- Sin respuesta se encuentran al momento los procedimientos legales llevados a cabo por Jaime Arturo Vázquez Aguilar, ex diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en contra de Ricardo Luna García, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático (Semarnacc), por el derribo ilegal de una huerta de aguacate en la localidad de Coatepec de Morelos, perteneciente a Zitácuaro, refirió Vázquez Aguilar.
Vázquez Aguilar detalló que luego de la desinstalación de una huerta de aguacate en un predio de su propiedad, el pasado 1 de marzo, a través de un operativo que calificó de arbitrario, ilegal y vandálico, interpuso una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) por la destrucción de propiedad privada y el robo de mil 600 plantas de aguacate, las que sumaban poco más de un año de vida, en tanto que inició una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por el presunto abuso de autoridad y exceso en las competencias del funcionario.
Lamentó que, aunque el plazo para atender la queja ante la CEDH se vence este jueves 18 de mayo, Luna García no ha dado respuesta, a la vez que en el caso de la denuncia penal, atraída por la fiscalía de delitos de alto impacto, mediante abogados ha reconocido presencia, mas no participación, en los operativos que desde febrero anterior lleva a cabo la dependencia estatal.
Explicó que pese al argumento de la Semarnacc para desinstalar al momento 240 hectáreas destinadas al cultivo de aguacate, consistente en la ausencia de permiso de cambio de uso de suelo emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en su caso éste no era necesario, al tratarse de una huerta ubicada en predio rústico, que por lo menos en los últimos 50 años se ha destinado a la producción agrícola, manzana, aguacate y pera, así como granos básicos.
Reiteró que conforme la ley agraria, en su artículo 116, se consideran agrícolas los predios rústicos que no están efectivamente dedicados a la producción ganadera o forestal.
Asimismo, señaló que conforme la ley de desarrollo forestal nacional, las entidades no pueden llevar a cabo labores de persecución y sanción en materia ambiental, ya que es una competencia exclusiva de la Federación, "a menos que exista un convenio", el cual al momento no ha sido exhibido.
Aseveró que si bien la legislación nacional considera un protocolo de actuación ante la sospecha de un ilícito en contra de la integridad de los bosques para establecer sistemas productivos, el estado no los implementó.
Jaime Arturo Vázquez estimó que los procedimientos cuentan con los elementos necesarios para resultar favorables a su causa, por lo que espera en el mediano plazo iniciar las acciones para que la entidad efectúe la reparación de los daños causados, los cuales, afirmó, aún no han sido evaluados.
