Marcela Figueroa: que digan si redireccionar recursos fue ilegal
MORELIA, Mich., 26 de abril de 2017.- Tras negar que se le siga algún penal, aunque sí administrativo por la auditoría estatal y federal, Marcela Figueroa Aguilar, ex titular de la Secretaria de Finanzas y Administración (SFA) durante el gobierno priísta de Fausto Vallejo Figueroa, se dijo tranquila, con la frente el alto y en espera de que la autoridad determine si el redireccionamiento de recursos que hizo de unos programas hacia otros fue ilegal.
“Sí se hicieron redireccionamientos, y nadie lo ha negado, el licenciado Fausto Vallejo ha sido muy claro en ese comentario; hay que recordar los problemas que había, cómo se recibieron las finanzas del estado, todas esas cosas las tiene que analizar la autoridad competente para determinar cuáles fueron las acciones y cuáles son las consecuencias”, comentó Figueroa Aguilar.
Entrevistada en el marco del acto conmemorativo por el 56 aniversario de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, donde es profesora, la ex tesorera municipal y estatal dijo tener la frente en alto ante a sus estudiantes y compañeros de trabajo, al señalar que hubo circunstancias y causas que pueden orillaron al redireccionamiento de recursos, que en todo momento se negó a que se considere un desvío.
“No hubo desvío, el dinero nadie se lo llevó a su casa; hubo una circunstancia específica en ese momento; en ningún momento el documento que se publicó en algunos medios dice que se haya dado autorización para desviar recursos; había que cuidar la gobernabilidad, atender los asuntos y las prioridades del gobierno, se requería de recursos que en algún momento fueron redireccionados de otros rubros”, comentó.
No hay ningún proceso penal en mi contra
“No he sido notificada de denuncias penales; administrativas sí, una gran cantidad de observaciones; la administración es muy grande, y por eso las observaciones son muchas, de todos los recursos tanto estatales como federales”, comentó Figueroa Aguilar con relación a la existencia de procedimiento en su contra.
Cabe recordar que, en enero pasado Silvia Estrada Esquivel, secretaria de Contraloría informó que el gobierno de Michoacán interpuso denuncias penales contra dos ex gobernadores y otros ocho ex servidores públicos que estuvieron en funciones durante el periodo 2012-2015, en que gobernó el PRI, por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos que representan un daño al erario estatal y federal por un monto de 3 mil 759 millones de pesos.
De acuerdo con la información de Estrada Esquivel, en ese momento, el gobierno de Michoacán identificó desvíos financieros de las aportaciones de las cuotas de los trabajadores a la Dirección de Pensiones Civiles, por más de 92 millones de pesos entre 2014 y 2015; un daño al erario público en el Instituto de la Vivienda por poco más de 1 mil 500 millones de pesos, y en el Fondo de Aportaciones Múltiples 2012-2015 se presume un daño al erario por 283 millones de pesos.
También se presumieron desvío de recursos por 96 millones de pesos correspondientes al pago de Participaciones del Fondo General a los 113 municipios, lo que derivó en un daño superior a los 200 millones de pesos. En el Sistema de Protección Social de Salud (Seguro Popular) el desvío detectado es por 1 mil 500 millones de pesos, lo que, a decir de la funcionaria representa, en suma, un daño al erario estatal y federal por 3 mil 759 millones de pesos.
Hasta la fecha no se han dado a conocer avances de las investigaciones penales y administrativas, no se tiene claridad sobre quiénes son los presuntos responsables, y tampoco se tiene noticia de ningún ex servidor público que haya sido sancionado por haberse comprobado alguna irregularidad en el manejo de los recursos públicos.
