Busca Cocotra la legalización de unidades del transporte público
MORELIA, Mich., 5 de abril de 2017.- Una cifra no especificada de unidades del servicio de transporte público que actualmente se encuentran en la irregularidad podría ser legalizada en el corto y mediano plazos, refirió Marco Antonio Lagunas Vázquez, titular de la Comisión Coordinadora del Transporte en Michoacán (Cocotra).
Ello, agregó, luego de reuniones con los representantes de las diferentes rutas, principalmente de camiones, como son Lagos, Alberca y El Durazno, para "sentar las bases del procedimiento de regularización".
Lo primero que se ha llevado a cabo como parte de de estas acciones ha sido la presentación por parte de las rutas y sus tamales de un padrón de operadores y su estatus, el que la Cocotra ha verificado en campo para garantizar que los operadores y los números económicos de las unidades del registro corresponden con las unidades y los operadores que se encuentran en campo.
Explicó que en breve se espera la configuración de un mecanismo para dotar de legalidad la operación del servicio de transporte público, en conjunción con el gremio.
Al momento, el trabajo de erradicación del pirataje ha observado avances menores, explicó el titular de la Cocotra, con menos del uno por ciento de reducción de la existencia de unidades apócrifas entre las combis, y 200 unidades remitidas al corralón, con la consecuente imposición de multas, en el caso de los taxis.
Entre los documentos que la Cocotra verifica cuenten las unidades del servicio público se encuentran el seguro de viajero, la licencia de conducir del operador y las placas de circulación.
Recordó que no se dispone de cifras de incidencia de pirataje en el servicio de transporte público en la entidad, donde se contabilizan 38 mil unidades regulares; de este universo, alrededor de 12 mil se concentran en Morelia, de las cuales 9 mil son taxis; 2 mil, combis, y 800, camiones.
Inspección de vehículos ostensiblemente contaminantes, sin fines recaudatorios
Luego de expresar que el operativo de revisión de unidades ostensiblemente contaminantes que se lleva a cabo en Morelia implicará así mismo la evaluación de los documentos de las unidades del servicio público monitoreadas, Lagunas Vázquez mencionó que esta medida no tiene un propósito recaudatorio.
Reiteró que la finalidad principal de la medida es reducir el impacto que sobre la calidad del aire en los centros urbanos tiene la circulación de vehículos cuya emisión de tóxicos a la atmósfera excede los límites máximos permitidos, por lo que la captación de multas o sanciones es secundaria.
La imposición de sanciones económicas sólo en los casos donde la unidad debe remitirse al corralón por falta de documentación o reincidencia, así como en los casos donde el conductor acude a la verificación con posterioridad a los 25 días hábiles que concede la ley para la recuperación de los documentos dejados en garantía de la realización de mantenimiento correctivo y preventivo, muestra que el ingreso de recursos no es una prioridad.
Las multas para quienes no acudan a comprobar la verificación de sus vehículos ostensiblemente contaminantes antes de 25 días hábiles tras su identificación asciende a 10 días de salario mínimo, cerca de 800 pesos.
Por su parte, la verificación tiene un costo de 400 pesos a 600 pesos, en tanto que la afinación de un vehículo ronda los mil 300 pesos.
