Tras Bambalinas/Jorge Octavio Ochoa

TRAS BAMBALINAS.- PRESIDENCIA Y CONGRESO BAÑADOS EN SANGRE Y USURPACIÓN

Quizá por tan repetido, se nos vuelve tan común. Una semana es parecida a la otra y la memoria se embrolla en una sucesión de hechos que nos impactan, pero parecen haber ocurrido ya antes.

Un juez que libera a un pederasta; un fiscal que trafica drogas y nadie sabía nada; un aspirante a diputado que esquilma 300 millones de pesos; un junior, hijo de judicial, a 180 kilómetros por hora reventando la vida de 3 de sus acompañantes en un lujoso automóvil...

Todo en el lapso de una semana, cuando no habíamos podido recuperarnos de noticias sobre narcofosas, asesinatos de periodistas, enriquecimiento ilícito de dirigentes partidistas, derroches de gobernantes viajando hasta con el perro en Jets privados.

La semana abrió con lo que parecía un escándalo: la familia de Josefina Vázquez Mota investigada por “lavado de dinero” a través de empresas que en 2013 fueron denunciadas por la Secretaría de Hacienda por el trasiego de más de 400 millones de pesos de presunto origen ilícito.

Involucrados: Arnulfo Vázquez Mota, padre de la panista y  seis de sus hermanos, entre ellos Luis Antonio Vázquez Mota, director de Comex, empresa de la que la candidata es accionista, según datos de la Procuraduría General de la República (PGR).

Según las primeras indagatorias, los familiares de Josefina han operado como "testaferros", que acceden a constituir empresas aportando sólo sus identidades- para ingresar recursos de procedencia ilícita, informó hace una semana la nota de El Universal.

Arnulfo Vázquez Cano, Luis Antonio Vázquez Mota, María del Carmen Vázquez Mota, Gerardo Arnulfo Vázquez Mota, Guadalupe Vázquez Mota, Margarita Silvia Vázquez Mota y María Angélica Vázquez Mota recibieron en 2013 la cantidad de 17 millones 27 mil pesos.

Para la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, tanto Smart Bussines Consulting Sima como Bolshoye, son empresas fachada, es decir, sociedades mercantiles aparentemente legales que encubren, como una pantalla, actividades ilegales y que existen sólo en papel.

La bonita familia recibía, al parecer, fondos de ambas empresas, en lo que pintaba para convertirse en un escándalo internacional ¡peeeero! Al día siguiente, Felipe Calderón y Humberto Moreira deciden enredarse en un intercambio verbal.

Después de más de seis años de haber guardado silencio ambos, el ex Presidente de México, Felipe Calderón declara que los principales cabecillas de Los Zetas vivían en Coahuila; “todos, el ‘Z-40’, el Coss, el ‘Z-42’, todos vivían en Coahuila y vivían muy a gusto”.

El gobierno Federal lo sabía, el Estatal los cobijaba y el municipal… muy bien, gracias, lo que confirma la sospecha de que en este país todo se sabe y todo se calla por salud política, mental o física.

Por toda respuesta, en el otro extremo del cinismo, Moreira le revira: “¡Que no se haga tarugo, Calderón se robó la Presidencia; se la robó a Andrés Manuel López Obrador en 2006; yo no firmé aquella carta obsequiosa. Nadie de ustedes lo sabía, pero ahí está la carta!”

Entonces suelta la bomba: “¡Ahí está en los archivos, en la hemeroteca! Firmaron otros, yo nunca acepté que ese señor fuera el Presidente”. Pareciera anecdótico, pero revela que hubo todo un tinglado institucional para dejar en el poder a un USURPADOR.

Decirle “ebrio” ya era lo de menos. Sexenios de conspiraciones, asesinatos y tenebras palaciegas para quitar y poner a un sucesor. Bajo tales afirmaciones, lo único que podemos ver es que La Presidencia de la República ha estado bañada en sangre y corrupción.

Pasa a segundo término que el acusador hubiera dejado a Coahuila con una deuda superior a los 36 mil millones de pesos, sabe dios en qué porque en el estado simplemente no se ven. El favorito de Elba Esther Gordillo hundiendo un clavo más en el ataúd político de “La Maestra”.

Todo el país sabía del llamado de Gordillo a los maestros para votar “por el azul” antes que dejar pasar a su enemigo acérrimo, Roberto Madrazo, pero ¿ni así le alcanzó a Felipe Calderón? Fue entonces la segunda usurpación, según lo dicho por Moreira, después de lo de 1988.

Pero creíamos que con ese segundo escándalo mediático terminaría la semana, cuando el martes, a primera hora, se encienden las luces de San Lázaro para dar entrada a Antonio Enrique Tarín García.

Acusado de peculado por más de 300 millones de pesos, Tarín estaba listo para rendir protesta como nuevo diputado federal del PRI desde temprana hora, para sustituir al malogrado diputado Carlos Hermosillo, muerto días antes en un trágico accidente.

Nadie esperaba el nuevo sainete hasta que el coordinador de los panistas, Marko Cortés, entro al salón de pleno con documento en mano, para dar a conocer la orden de aprehensión del aspirante a legislador y ex colaborador de César Duarte, prófugo ex gobernador de Chihuahua.

Desde el medio día del martes 28 de marzo, todo se volvió confusión en la Cámara de Diputados, porque el presunto no rindió protesta, pero tampoco se fue de San Lázaro y anduvo errante 29 horas, sin que nadie… no digamos “pudiera”, hubiera querido sacarlo.

En ese juego de componendas y arreglos que siempre nos recetan nuestros políticos, el presunto estuvo encerrado en las oficinas del difunto, con la aquiescencia del PRI y la aparente ineptitud de la Presidenta de la Cámara, que dejó hacer y dejó pasar.

Vaya usted y declárese perseguido político dentro de la Cámara de Diputados. A ver si lo dejan permanecer al menos media hora. Pasó más de un día de morbo mediático hasta que por tan sólo 14 mil pesitos -dicen- Tarín recibió el salvo conducto de un amparo.

Tarín García es acusado por presunto peculado por la Fiscalía de Chihuahua. Fue director de Adquisiciones en el gobierno de César Duarte, que también enfrenta una orden de aprehensión.

Pero ¿creía usted que fue suficiente para una semana aciaga? ¡Claro de que no! Después nos vino otro vagido, desde septentrionales zonas, con la noticia de que las autoridades estadunidenses arrestaron y encarcelaron a Édgar Veytia, fiscal en funciones de Nayarit.

Esto ocurrió en San Diego. Le imputan tres cargos: conspiración por importar y distribuir las drogas en territorio estadunidense, con el agravante de que el circuito de distribución es internacional. Heroína, cocaína, metanfetaminas, mariguana. Surtido, como en botica.

Veytia, era un funcionario del primer círculo del gobernador Roberto Sandoval, con quien fue director de Seguridad Pública en el municipio de Tepic entre 2008 y 2011. Vinculado con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Veytia era conocido en el bajo mundo como “El Diablo”… y que se le aparece.

JUSTICIA VENAL: AMPAROS E INDULGENCIAS A CAMBIO DE DÁDIVAS

Parecía entonces que, ahora sí, ya sería suficiente para escándalos esa semana pero no. A mitad de semana se confirma la noticia de que el Consejo de la Judicatura Federal inició una investigación contra el juez Anuar González Hemadi.

Ello, por su decisión de amparar a uno de los “Porkys”, implicados en la violación de una menor en Veracruz y para quien “un roce o frotamiento incidental no serían considerados como actos sexuales, de no presentarse el elemento intencional de satisfacer un deseo sexual a costa del pasivo”.

El juez de marras concedió un amparo a Diego Cruz, uno de los integrantes del grupo conocido como Los Porkis, acusados de violación de la menor en enero de 2015, en Boca del Río, Veracruz.

Sin embargo, González Hemadi está involucrado en al menos otro caso polémico: la protección legal que concedió a una funcionaria, María Josefina Gamboa Torales, acusada de homicidio culposo en un atropellamiento en julio de 2014.

Ella era directora del Instituto Municipal de la Mujer en Boca del Río y además columnista de un medio local, y fue acusada de atropellar y matar a un hombre de 30 años, José Luis Burela. Quedó la duda de si conducía en estado de ebriedad y a velocidad excesiva, pues las versiones de los agentes de tránsito y del Ministerio Público se contradijeron.

Gamboa Torales fue elegida diputada local por el PAN en Veracruz en las elecciones más recientes; preside dos comisiones del Congreso de ese estado, vinculadas a investigar homicidios contra periodistas.