Investigar a Lázaro y Leonel para llegar a verdad sobre deuda: Adriana
MORELIA, Mich., 2 de febrero de 2017.- La filtración de documentos internos o anuncios mediáticos inexistentes no ayudad a conocer la verdad de lo que ocurrió a las finanzas públicas del estado, pero contaminan los procedimientos y no se llevan a cabo de acuerdo con la ley, afirmó la coordinadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Adriana Hernández Íñiguez.
Al comentar la columna del periodista Carlos Loret de Mola en la que, con base en un oficio, afirma que Fausto Vallejo Figueroa ordenó desviar más de dos mil millones de pesos para evitar un conflicto social dijo que si lo que se quiere es conocer la verdad de cómo el estado llegó a la crisis en la que está se tiene que buscar desde 2007, cuando inicio el endeudamiento del estado ya que no es culpa de una persona, no es culpa de un partido o de un gobierno.
“Es una situación que se da desde dos gobiernos perredistas anteriores al que se señala, pero resulta que nadie los acusa de nada porque lo que hicieron fue correcto, debe haber congruencia y que el gobierno del estado demuestre la intención que ha dicho tener, que yo creo que no es así, de buscar la verdad”.
La diputada por el distrito de La Piedad señaló que para encontrar la verdad no hay mucho que buscar, sólo desde 2007 con el gobierno perredista encabezado por Lázaro Cárdenas Batel y luego el encabezado por Leonel Godoy que fue donde se dio el origen de la deuda de Michoacán hasta llegar a la crisis actual.
“Lo demás fue consecuencia de los actos inmediatos anteriores que realizaron dos gobiernos perredistas; yo creo que ese sería un buen mensaje hacia los michoacanos de que no se está actuando en un revanchismo político en contra un gobernante de un partido específico, si verdaderamente se quiere transparentar que pasó con las finanzas del estado”.
Hernández Íñiguez criticó el manejo mediático que se ha dado al asunto ya que primero se anunció que se habían presentado denuncias penales y después se notificó a los involucrados que se había dado aviso de que se está llevando a cabo una investigación, lo cual es muy diferente a presentar una denuncia, pero dijo que en todo caso el que acusa está obligado a probar y el acusado a defenderse.
Si en ese procedimiento o en la filtración de un documento interno que seguramente estaba en manos de la Secretaría de la Contraloría hay alguna responsabilidad, los acusados podrán interponer un recurso y eso entorpece, sobre todo ahora con el nuevo sistema de justicia penal y lo peor es que se politiza, advirtió la legisladora.