Establece Congreso lineamientos para elección judicial en Michoacán
MORELIA, Mich., 17 de diciembre de 2024.- Con 30 votos a favor, siete en contra y ninguna abstención, la 76 Legislatura del Congreso de Michoacán aprobó una reforma al Código Electoral del Estado, en que establece lineamientos para la elección de jueces y magistrados mediante voto popular.
En sesión pública, pero sin debate, apenas con un grito en el desierto por parte del PAN, la mayoría oficialista de Morena, PT, Verde y PRD aprobó este modelo, que, según dijeron busca democratizar la administración de justicia, sin embargo, antagónicos señalaron la ausencia de controles claros y los plazos mínimos para su implementación.
Reforma apresurada y sin garantías
El dictamen aprobado incluye disposiciones para que los comités evaluadores de los tres poderes del estado operen sin lineamientos homogéneos.
Según el artículo 364, cada poder podrá definir sus propios parámetros de evaluación, lo que abre la puerta a discrecionalidad y falta de transparencia en la selección de candidatos.
Además, se permitirá que una persona participe simultáneamente en convocatorias emitidas por distintos poderes, una práctica que podría favorecer la politización del Poder Judicial.
La diputada Vanessa Caratachea, del PAN quien votó en contra, señaló que esta falta de uniformidad y rigurosidad en los procedimientos pone en entredicho la legitimidad del proceso.
"No siempre tienen que poner al pueblo como justificante para acciones mal diseñadas", advirtió ante el Pleno legislativo, donde brilló por su ausencia la oposición del PRI, cuyos representantes más que debatir han optado por votar en contra y callar, como resignados a la aplanadora.
Plazos imposibles para un proceso confiable
El calendario aprobado para implementar estas elecciones extraordinarias genera más dudas que certezas. Los comités de evaluación deberán instalarse antes del 21 de diciembre de 2024, las convocatorias se publicarán el 31 de diciembre y los interesados tendrán hasta el 22 de enero de 2025 para registrarse.
En menos de dos meses se deberán evaluar los expedientes, calificar la idoneidad de los aspirantes y remitir los resultados al Congreso, un proceso que para especialistas debería ser minucioso y transparente.
Estos plazos, calificados como "imposibles" por opositores como Caratachea, comprometen la organización, la confianza ciudadana y la calidad de la selección.
Las críticas apuntan a que, bajo estas condiciones, la elección de jueces y magistrados podría resultar en un retroceso democrático y un fortalecimiento del centralismo.
Desconfianza ciudadana y riesgo de politización
Aunque la reforma busca combatir el nepotismo y la corrupción en el Poder Judicial, expertos advierten que el modelo de elección popular podría politizar aún más la impartición de justicia.
Los candidatos, al depender del voto ciudadano, podrían priorizar la popularidad sobre la capacidad técnica y ética. Además, la falta de garantías sobre el financiamiento de campañas crea un terreno desigual, lomque beneficiaría a quienes cuentan con mayores recursos económicos.
Actualmente, solo el 39.4 por ciento de los michoacanos confía en el sistema judicial, mientras que la prevalencia de corrupción en trámites ante tribunales y juzgados es del 20.9 por ciento, según datos del INEGI.
El Congreso de Michoacán ha dado un paso que podría marcar un antes y un después en la administración de justicia en el estado.
Sin embargo, las inconsistencias en el diseño de la reforma, los plazos apresurados y la falta de confianza ciudadana amenazan con convertir esta iniciativa en un fracaso anunciado.
Según advirtió la oposición, lo que debía ser un avance hacia la democratización del Poder Judicial podría terminar en la consolidación de viejas prácticas de corrupción y discrecionalidad.
