Observador ciudadano

OBJETIVOS DESEABLES DE LA REFORMA JUDICIAL

El debate en torno a la reforma Constitucional en materia judicial ha sido seguramente el más intenso y de mayor impacto en la opinión pública nacional y el nuevo gobierno federal desde meses antes que el expresidente López Obrador entregara la banda presidencial a su sucesora, la presidenta Claudia Sheinbaum. El intercambio de argumentos y señalamientos entre los integrantes del Poder Judicial y de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, entre los partidos que se oponen al gobierno los que lo apoyan, y entre los opinadores en contra y a favor, ha sido áspero a nivel extremo y no tiene precedentes en la historia reciente del país.

Nadie puede rebatir la idea de que la elección de los jueces, magistrados y ministros de la corte por la vía del voto universal es en esencia democrático, mientras que la designación de los funcionarios judiciales por la vía que históricamente se ha practicado, constituye un mecanismo ajeno a la ciudadanía y es en ocasiones nebuloso y susceptible de acuerdos cupulares entre los órganos responsables de estas decisiones.

A pesar de lo anterior, a la mayor parte de quienes estamos interesados en el tema y vemos con simpatía la democratización del poder judicial, nos preocupa que la vía del voto directo y universal de los ciudadanos sea el mecanismo idóneo para elegir a los juzgadores. Lo anterior, porque no conocemos en México ni en el mundo, experiencias exitosas en este sentido, y porque damos por sentado que la elección de esa categoría de servidores públicos debe de ser regulada de una manera especial con filtros que garanticen la idoneidad de los aspirantes; con la participación directa de especialistas en las diferentes ramas del derecho y de funcionarios públicos conocedores del tema. Que, además, representen fielmente a la ciudadanía, pero sin la participación directa de la misma, dado el desconocimiento de ésta de los sofisticados mecanismos que requiere la toma de decisiones en ese ámbito.

La realidad es que los modelos tradicionales de selección de los juzgadores parecieran haber resultado tan erráticos y sesgados “aquí como en China”, y no menos que los que vaticinan los opinadores y opositores opuestos a la reforma judicial de concretarse la elección directa y universal de los juzgadores. Baste recordar como el presidente electo de los Estados Unidos transitó intocado a lo largo de su campaña por demandas judiciales de lo más variado y grave, con el visto bueno de la Suprema Corte de su país, integrada mayoritariamente por ministros que él había designado durante su primer mandato presidencial. De la misma manera, no se pueden ignorar los rosarios de omisiones e injusticias cometidos por los integrantes, actualmente en desgracia, del poder judicial de nuestro país.

Respecto a lo anterior, vale citar la entrevista que el periodista Rivelino Rueda, del diario Milenio, formuló a la Magistrada del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) Celia Maya García, y publicó en ese medio el pasado sábado 30 de noviembre. En la charla con el periodista la entrevistada prevé que el éxito de la reforma judicial se sustenta en siete pilares que habrán de cumplirse:

1. La elección directa y universal de los juzgadores. ”A los ministros de la Corte ya no los va a tener que estar seleccionando el Ejecutivo. Los va a votar el pueblo y ahora, los que lleguen de ministros, ya no van a obedecer a ningún presidente. Van a tener que obedecer a la ley y a lo que diga la ley”.
2. El fortalecimiento de la independencia de los jueces. Ya que los impartidores de justicia “no se deberán a ningún grupo de interés”, pues serán electos por la ciudadanía. La ministra agrega, “La fortaleza e independencia de los jueces emanará de la legitimidad que da que el pueblo te elija, pero además de que vas a servir a una causa y unos principios que tienen como único propósito la justicia, que es darle a cada quien lo suyo y conforme a las leyes que tenemos”.
3. El fortalecimiento de la pluralidad, ya que se abren las puertas a diversos sectores con ideas diversas. Los juzgadores “ya no estarán sujetos a grupos cerrados, ni llegarán a sus cargos por concursos de coto cerrado. Ahora van a ser electos a través del voto popular. Esto va a favorecer que lleguen personas de varios sectores de la sociedad”.
4. La democratización del Poder Judicial. “Ahora estarán representados los sectores económicos, de universidades públicas y privadas, pensadores libres que hayan hecho una carrera judicial y que llenen los requisitos. Esa pluralidad va a ayudar, porque la pluralidad siempre va a ayudar a la democracia, pero además va a democratizar la institución del Poder Judicial”.
5. El país contará con instituciones incluyentes y así retomará los principios que se establecieron desde la Constitución de 1917, que es concretar la justicia social en México. Esto significa, agrega la Magistrada, “preservar todos los bienes de la nación y que estos bienes sirvan en beneficio del pueblo en general, porque aquí hay que recordar que la corrupción echó todo esto a perder”
6. El fortalecimiento de una visión inclusiva en las instituciones políticas. Hablar de esta inclusión y de esta distribución equitativa de las riquezas nacionales “tiene que ver con lo macro: el petróleo, el agua, el cuidar del medio ambiente; todo eso que a todos nos afecta es lo que tenemos que cuidar y es de lo que se trata…”
7. La consecuencia final de la decisión de una ciudadanía responsable de elegir a sus jueces, de “un funcionariado objetivo, imparcial, preparado, moderado y responsable que se debe al pueblo y que debe de llevar la justicia al pueblo”.

Debo señalar que coincido con los conceptos expresados en la entrevista por la Magistrada del CJF, Celia Maya García, así como en su optimismo en cuanto a los alcances que debe cumplir la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, considero que para que los mismos lleguen a ser realidad, esta debe implementarse de manera transparente, y con apego a los principios éticos fundamentales reconocidos por la sociedad mexicana. Entre ellos, la honestidad, la transparencia y, en este caso, el respeto irrestricto al contenido de la reforma y las leyes reglamentarias que la habrán de regular.

Este es, sin lugar a dudas, el principal reto que en esta materia enfrentan, por un lado, la presidenta Claudia Sheinbaum, en su calidad de aval de la iniciativa que dio origen a la reforma, y por el otro, el Poder Legislativo del Congreso de la Unión, y los de los Congresos de los estados que la aprobaron, así como los legisladores de Morena y sus partidos aliados.

Todos los ciudadanos debemos de exigir el cumplimiento de estos principios en la implementación de la reforma Constitucional del Poder Judicial, así como en el método de elección de los juzgadores que, a partir de la elección de junio de 2025 y 2027, sustituirán a los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, actualmente en funciones.

En este contexto, resultan vergonzosas, actitudes como las escenificadas por convocantes oficiosos irresponsables, cercanos a Morena y sus aliados, en fechas recientes. Tal es el caso de una Diputada Local al Congreso de Michoacán, a la que se denunció en algún noticiero de la radio nacional, por estar llamando a que egresados cercanos a sus simpatías de las carreras de derecho se inscribieran al padrón de aspirantes para ser considerados como candidatos a jueces en la elección de junio de 2025.

A quienes justifican este tipo de acciones como de buena fe, si lo fueran, habría que recordar el refrán: “No hagas cosas buenas que parezcan malas”

La presidenta Claudia Sheinbaum, los lideres parlamentarios de Morena y sus partidos aliados en el Congreso de la Unión, tienen la obligación de garantizar que la implementación de la reforma judicial se concluya nítidamente y debieran de proponer e imponer sanciones drásticas a quienes no cumplan con el respeto a la normatividad que se establezca para tales fines.

Del éxito de la puesta en marcha y desarrollo de la reforma al Poder Judicial de manera eficiente, dependerá en mucho la credibilidad que el actual gobierno gane par el futuro, tanto entre los ciudadanos del país como en el concierto internacional, atentos al desenlace de esta encrucijada.