El agua, un derecho del pueblo
¿Qué significa que el artículo 27 constitucional establezca que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional corresponden originariamente a la Nación, y que el artículo 4to determine que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para uso doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible?
Significa que el pueblo de México es el propietario originario de las aguas nacionales y, por tanto, tiene el derecho a su uso y aprovechamiento porque no se trata de una mercancía que se pueda comercializar, un objeto de comercio, sino un bien público de la Nación que administra para su aprovechamiento social el Estado (federación, estados y municipios).
El Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, establece un marco para abordar la crisis hídrica en México, que afecta a millones de personas por la sobre explotación de nuestros acuíferos y ríos.
Firmado por los 32 estados del país, busca garantizar el acceso equitativo al agua como un derecho humano y fomentar la sostenibilidad hídrica. El acuerdo tiene por objeto garantizar el acceso al agua en cantidad y calidad suficientes; la eficiencia en el uso del agua en procesos industriales, agrícolas y pecuarios; las inversiones conjuntas en infraestructura hídrica por parte de los tres órdenes de gobierno; la colaboración entre los sectores público, privado y social para mejorar la gestión hídrica local; reordenar y transparentar las concesiones de agua, creando un único registro nacional; la innovación tecnológica para el tratamiento y reúso del agua; la ejecución de medidas ambientales frente al cambio climático, como reforestación y restauración ambiental; las campañas de educación y concienciación para fomentar el ahorro y uso responsable del agua; la restauración y saneamiento de ríos clave como el Lerma-Santiago y el Atoyac; y la ejecución de un Plan Nacional Hídrico a largo plazo que trascienda el actual periodo gubernamental.
Se trata de un plan que involucra a todos los sectores, un compromiso nacional que pone al pueblo de México como propietario y destinatario del agua como un recurso escaso que debe ser preservado porque es un bien de seguridad nacional. Un acuerdo que incluye compromisos voluntarios, como la devolución de 2,800 millones de metros cúbicos por distritos de riego y la inversión de 21 mil millones de pesos por parte de empresas para mejorar el uso del agua en sus procesos productivos.
En síntesis, una convergencia social, política y económica en favor de la Nación.
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