Con rechazo de PAN, PRI y MC, amplía Michoacán prisión preventiva
MORELIA, Mich., 28 de noviembre de 2024.- Con 26 votos a favor y 6 en contra, el Congreso de Michoacán aprobó una reforma al artículo 19 de la Constitución local, que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
La reforma, que busca fortalecer la justicia penal y combatir la impunidad, fue respaldada por la mayoría de los legisladores, aunque sus detractores argumentaron que la medida es punitiva y podría vulnerar los derechos humanos.
Los diputados de Movimiento Ciudadano, Víctor Manuel Manríquez; del PRI, Santiago Sánchez Bautista; y del PAN, Vanessa Caratachea, se pronunciaron en contra de la reforma.
Manríquez calificó la medida como un retroceso en la garantía de los derechos fundamentales, al considerar que la prisión preventiva oficiosa, al aplicarse de forma generalizada, podría llevar a la detención injusta de personas sin un debido proceso.
Por su parte, Sánchez Bautista del PRI subrayó que la ampliación de los delitos sujetos a prisión preventiva no resolvería los problemas estructurales del sistema judicial ni contribuiría a la prevención de la delincuencia.
A su decir, lo que necesitamos es una reforma integral que ataque las causas del delito y no sólo la consecuencia.
En un tono similar, Vanessa Caratachea del PAN destacó que la reforma podría ser usada de manera arbitraria y afectar a personas inocentes, afectando así la presunción de inocencia.
La reforma, impulsada por la 4T desde el gobierno de la república, señala la necesidad de frenar lo que se ha denominado puerta giratoria en el sistema de justicia, donde los imputados quedan en libertad rápidamente después de ser detenidos.
De acuerdo con el análisis presentado, la reforma tiene como objetivo evitar la liberación inmediata de personas detenidas por delitos graves, como extorsión, facturación falsa y tráfico de fentanilo, entre otros.
La aprobación de esta reforma subraya la polarización en torno a las políticas de seguridad en el estado, donde el debate se ha centrado en encontrar un equilibrio entre la necesidad de mayor seguridad y el respeto a los derechos humanos fundamentales.
