Michoacán: al menos 15 jueces, podrían postularse en el proceso electoral
MORELIA, Mich., 20 de noviembre de 2024.- Al iniciar formalmente el proceso electoral en Michoacán, el magistrado presidente del Poder Judicial, Jorge Reséndiz García, destacó el interés de jueces y magistrados en participar como aspirantes en este proceso y subrayó la importancia de que el Poder Judicial sea tomado en cuenta en la elaboración de la legislación secundaria y los lineamientos derivados de la reforma judicial.
Reséndiz informó que un grupo de entre 15 y 17 jueces y magistrados han expresado de manera informal su intención de participar. De acuerdo con la normativa vigente, quienes no presenten una declinación formal serán automáticamente incluidos en la lista de aspirantes que el Congreso del Estado deberá considerar.
Sobre la reforma judicial, el magistrado presidente destacó la necesidad de armonizar las disposiciones legales con el marco constitucional y advirtió sobre posibles problemas de interpretación y aplicación si no se realiza un trabajo riguroso.
Uno de los aspectos que considera crucial es la propuesta de creación de salas colegiadas, un modelo que en experiencias anteriores no ha funcionado de manera adecuada en Michoacán. Asimismo, resaltó la importancia de integrar estas disposiciones con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
El Poder Judicial ha establecido mesas de trabajo con representantes del Ejecutivo y el Legislativo para avanzar en la redacción de la legislación secundaria. Aunque señaló avances significativos en estas reuniones, enfatizó la importancia de abordar este proceso de manera meticulosa para evitar complicaciones futuras.
En cuanto a las vacantes generadas por los magistrados que han solicitado su retiro anticipado, como Marco Antonio Flores Negrete y Aurelia Región Saucedo, se informó que estas deberán someterse a elección conforme a lo establecido en la ley.
El magistrado presidente subrayó que es prioritario que las leyes secundarias se elaboren con cuidado y precisión para garantizar su adecuada implementación y funcionalidad de la reforma constitucional en el estado.
