Acusan despido de 390 trabajadores del Nacional Monte de Piedad
MORELIA, Mich., 19 de noviembre de 2024.- Trabajadores del Nacional Monte de Piedad han denunciado despidos masivos e injustificados que afectan a más de 390 peritos valuadores en todo el país, incluidos seis en Michoacán.
Margarito Romero Sánchez, Joel Elizalde, perito valuador de la sucursal 184 en Iztapalapa, Dania Vanessa Zedillo Herrera, de la sucursal 252 en la Ciudad de México, José Luis Enríquez Landaverde, con antigüedad de 38 años y emergente de primera en toda la República Mexicana, y otros afectados, señalaron que los despidos ocurrieron el pasado 13 de julio en múltiples sedes.
Estas acciones fueron calificadas como una simulación para eliminar puestos y reducir prestaciones laborales. “Nos citaron en diferentes sedes y, bajo presión, intentaron forzar a muchos compañeros a firmar nuevos contratos con menores derechos.
Algunos incluso denunciaron amenazas directas para aceptar las nuevas condiciones laborales”, indicó Margarito Romero Sánchez, representante de la Comisión Mixta de Peritos Evaluadores.
Los trabajadores afectados han presentado denuncias legales desde el 7 de octubre y esperan la primera audiencia en tribunales laborales. Exigen la reinstalación de todos los peritos despedidos, el respeto al contrato colectivo vigente y la fiscalización de la institución por parte de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
“Solicitamos una auditoría completa porque no hay claridad en el manejo de los recursos y no existe un órgano que fiscalice a esta institución de asistencia privada”, explicó Romero Sánchez.
Según los trabajadores, Nacional Monte de Piedad simula una crisis económica para justificar los despidos, pese a que reportes del SAT reflejan estabilidad financiera y ganancias.
Asimismo, señalaron que la institución busca reemplazar a los empleados despedidos con nuevos trabajadores bajo condiciones menos favorables, afectando la calidad del servicio.
Finalmente, los afectados destacaron que esta problemática no solo impacta a los trabajadores, sino también a los usuarios, quienes podrían enfrentar una disminución en la calidad del servicio debido a la precarización laboral en la institución.
