Presupuesto y rectoría del desarrollo nacional
La Nación es el conjunto de personas que con una identidad, particularmente una lengua, conjugan un esfuerzo común para resolver las necesidades de la vida material mediante la asociación económica y en consecuencia las asociaciones cultural y política. La nuestra, la Nación Mexicana a constituido desde una ley suprema (Constitución) al Estado, que como entidad gobernante tiene como cometidos esenciales protegernos, establecer leyes que permitan la armonía social, generar las condiciones materiales para el desarrollo de las formas de producción y distribución de mercancías, garantizar un sistema confiable de intercambio (el dinero) y procurar el desarrollo humano en toda su diversidad.
El Estado de Bienestar es la razón superior y solidaria que le permite a una Nación garantizarse una justa distribución del ingreso y la riqueza, como bien lo dice el artículo 25 de nuestra Constitución. Por ello, como lo señala el mismo artículo, la rectoría del desarrollo nacional la tiene el Estado. Dos instrumentos bajo su control posee, que para México una República Federal, son la Planeación (el Plan Nacional de Desarrollo) y las políticas fiscal y presupuestal (Ley de ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación).
El Gobierno de la República bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum pondrá en marcha a partir del 1 de enero del 2025 su primer Presupuesto de Egresos de la Federación que le apruebe la Cámara de Diputados y a más tardar el viernes 28 de febrero habrá de presentar ante la misma, para su aprobación, el Plan Nacional de Desarrollo del segundo piso de la cuarta trasformación.
Hoy, el debate nacional se ha centrado en los temas políticos del diseño constitucional del Estado (poder judicial y órganos autónomos), pero llegó la hora de transitar a la parte estructural, la Economía. Sin el pleno desarrollo de trabajadores y empresarios es inviable la marcha de la Nación, por ello es de primer orden que el Estado tenga una hoja de ruta (PND) que desde la rectoría económica, que posee constitucionalmente, permita la generación y la distribución de la riqueza y por ende el Bienestar del pueblo de México.
Un Estado responsable no debe dilapidar superfluamente los recursos a su disposición, ni asumir una actuación mezquina y ahorrativa en el manejo del gasto público, el subejercicio es imperdonable porque lesiona el interés público. Los recursos económicos que en un año (año fiscal) obtiene la Federación por medio de las contribuciones que se señalan en la Ley de Ingresos, que para nuestro caso habrán de ser de 10 billones de pesos, deben destinarse al impulso de la Economía y eso lo comprende con precisión nuestra Presidenta al expresar que las prioridades del gasto son la infraestructura (carreteras, ferrocarriles, puentes, puertos, aeropuertos, parques industriales), el desarrollo de fuentes de energía renovable y el bienestar social (la ampliación de los programas sociales).
Un Pueblo rico con un Gobierno pobre implica que el gasto se derrame en la sociedad y no se patrimonialice en las altas esferas de la burocracia, en las y los políticos. Que el dinero que la Federación recauda por el SAT, regrese distributivamente a todas las mexicanas y mexicanos dando prioridad a los que menos tienen para que efectivamente seamos un país próspero donde reine la equidad que es garantizar la justicia y la igualdad sustantiva para todas las personas.
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