Michoacán: 854 homicidios de niños en 4 años; pide MC penas más severas
MORELIA, Mich., 12 de noviembre de 2024.- Entre 2020 y 2024 Michoacán registró 854 homicidios de menores de edad, posicionándose como la segunda entidad con más crímenes de este tipo en el país, señaló el diputado Víctor Manuel Manríquez González, de Movimiento Ciudadano.
En sesión pública, Manríquez presentó una iniciativa para reformar el Código Penal y agravar las penas en los casos de homicidio contra niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de frenar la violencia que afecta a la población infantil y adolescente en el estado.
Refirió que la iniciativa responde a cifras alarmantes y a una serie de vulneraciones contra los derechos de los menores que, según la Red por los Derechos de la Infancia en México, incluyen asesinatos, secuestros, reclutamiento, desapariciones y otros actos violentos.
Destacó que Michoacán, junto con entidades como Guanajuato, Estado de México y Jalisco, concentra la mayor parte de los homicidios infantiles en México, un problema que la red catalogó como una crisis de múltiples violencias durante 2023.
La propuesta de Manríquez contempla una serie de agravantes específicas que buscan hacer frente a la brutalidad de los crímenes contra menores.
Así, el proyecto de reforma propone aumentar la pena hasta en un tercio en los casos donde la víctima haya sido sometida a tortura, mutilación, abuso sexual o en los que el cuerpo del menor haya sido expuesto en un lugar público.
Además, establece sanciones severas si la víctima tenía una discapacidad, si había una relación de confianza entre el agresor y la víctima, o si el crimen fue perpetrado por un servidor público.
En los casos donde el homicidio haya sido cometido por un servidor público, la propuesta también plantea la destitución inmediata del cargo y una inhabilitación de hasta quince años para ocupar cargos públicos.
“Estos actos deben ser castigados como crímenes atroces que no pueden quedar impunes”, enfatizó el legislador.
La medida apunta a responsabilizar también a las autoridades y funcionarios que intervienen en estos procesos, pues aquellos que retrasen o entorpezcan la justicia de manera maliciosa o negligente enfrentarán penas de hasta ocho años de prisión y multas de hasta mil 500 días de salario mínimo, además de la inhabilitación para desempeñar funciones públicas por hasta diez años.
Manríquez explicó que el objetivo de esta reforma es sentar un precedente claro para proteger los derechos y la dignidad de los menores, reconociéndolos como personas con derechos propios que deben ser resguardados por el Estado y la sociedad.
"Los homicidios de niñas, niños y adolescentes no solo privan a estos jóvenes de su oportunidad de un desarrollo pleno, sino que también tienen un impacto devastador en sus familias y comunidades”, subrayó.
La reforma, de ser aprobada, agregaría los artículos 119 bis y 119 ter al Código Penal del estado de Michoacán, endureciendo las sanciones para los agresores y para cualquier servidor público que obstaculice o retrase la procuración de justicia.
