Con límite a reelección, muta TJAM a Tribunal Anticorrupción en Michoacán
MORELIA, Mich., 7 de noviembre de 2024.- Con 33 votos a favor, de Morena, PT, Verde, PRD, independientes e incluso PRI, y tres del PAN en contra, la 76 Legislatura del Congreso de Michoacán aprobó transformar el Tribunal de Justicia Administrativa (TJAM) de Michoacán en un Tribunal Anticorrupción y de Justicia Administrativa.
En sesión pública, el Congreso de Michoacán metió acelerador al dictamen elaborado por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia, del cual incluso se dispensó la segunda lectura para que de una vez por todas se consumase la iniciativa enviada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, de extinguir el TJAM y ver nacer el Tribunal Anticorrupción.
Tras dar lectura al dictamen, la diputada del PAN, Vanessa Caratachea, fue la única que subió a tribuna a justificar su voto en contra, al considerar que hubo desaseo en el procedimiento e imprecisiones en el dictamen, respaldaron el sentido de su voto sus correligionarios de bancada Teresita Herrera y Alfonso Janitzio, pues Antonio Salas, no estaba presente.
Y cuando ya todo estaba listo, la diputada de Morena Sandra Olimpia Esquivel dio la sorpresa al reservarse el artículo 95, fracción sexta, para poner un límite a la reelección de magistrados, que podrán durar nueve años en el cargo, y reelegirse sólo una vez, no más.
El posicionamiento puso en evidencia la sorpresa de su bancada y de los aliados, quienes enseguida se reunieron en torno a su curul para conocer el asunto, que, con una que otra abstención, como la de Giulianna Bugarini, pasó sin problema, ante la advertencia de que, al final de cuentas, el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum es terminar con la reelección.
Este decreto introduce reformas clave en la Constitución de Michoacán, que sustituye al anterior Tribunal de Justicia Administrativa. Este nuevo órgano tiene plena autonomía, y sus magistrados serán seleccionados por el Congreso estatal bajo el principio de paridad de género, con un periodo de nueve años.
El Tribunal será responsable de resolver controversias administrativas, imponer sanciones graves a servidores públicos y particulares relacionados con actos de corrupción, y garantizar el cumplimiento de las decisiones de transparencia.
Además, se otorga al Poder Legislativo la facultad de designar y destituir a los magistrados de este Tribunal. Las disposiciones también establecen la transferencia de recursos y personal del Tribunal de Justicia Administrativa al nuevo Tribunal, y un programa de liquidación para los magistrados salientes.
