Prosperidad empresarial compartida
Nuestra Constitución en su narrativa plantea una economía que está sostenida en un desarrollo nacional, integral y sustentable, que tiene como finalidad principal fortalecer la soberanía de la Nación y su régimen democrático, artículo 25. Ahí la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo para una justa distribución de la riqueza están dirigidos a garantizar la libertad y la dignidad de mexicanas y mexicanos.
La rectoría económica del Estado en un sistema de planeación democrática, no es una imposición o mando autocrático sobre los factores de la producción sino una firme y sutil dirección orquestal por la que se busca que los sectores de la economía colaboren en pro del progreso del País.
De los sectores que menciona el artículo 25, el sector privado es puntal en el desarrollo de toda economía nacional; sin un sector privado fuerte es imposible que México sea una economía dinámica y competitiva hacia el interior y hacia los mercados internacionales. Hoy, somos la economía 14 en términos del PIB (dólares corrientes, según datos del 2022), la posición 10 en exportaciones totales y 13 en importaciones totales.
En el Índice de Complejidad Económica (ECI), México está clasificado como la 25ª economía más compleja del mundo. Por ello, es más que relevante que nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, haya destacado que el gobierno de México valora sustancialmente la inversión privada tanto nacional como extranjera, porque es clave para el desarrollo de la economía nacional.
Vital ha sido su afirmación, de que ninguna de las recientes reformas constitucionales, la energética y la judicial, representan un obstáculo para la inversión privada, pues tienen por objetivo fortalecer el Estado de Derecho y la seguridad jurídica, con un combate firme a la corrupción, lo que es en extremo beneficioso para las mujeres y hombres de negocios mexicanos y extranjeros.
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