Emilio Ulloa
Con la finalidad de apoyar particularmente a poblaciones vulnerables como mujeres jefas de familia, jóvenes, población indígena y adultos mayores, la Presidenta Sheinbaum ha presentado a la Nación el Programa de Vivienda y Regularización, a través del cual se construirá un millón de viviendas y se entregará un millón de escrituras.
Tener un lugar donde vivir, el derecho a una vivienda digna como establece el artículo cuarto de la Constitución, es el basamento que hace posible que toda persona pueda realmente desarrollar una vida plena en la sociedad. Es relevante, comprender que no habrá jamás prosperidad compartida mientras las personas no puedan acceder a un techo propio. México, que ha avanzado significativamente en el combate a las desigualdades sociales y económicas, aún arrastra el problema de la pobreza patrimonial.
La pobreza patrimonial es uno de los problemas más graves al que se enfrentan los habitantes más pobres de nuestro país. Hablamos de la situación en la que una persona o una familia no cuenta con los ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas (vivienda, alimentación, educación, transporte, salud y vestimenta).
Según el Informe de Pobreza y Evaluación 2022 de CONEVAL, para ese año se estimó que 52.0 millones de personas en México vivían en estado de pobreza patrimonial, lo que representa aproximadamente el 41.9% de la población del país.
La construcción y la regularización de viviendas en México no sólo habrá de generar mejores condiciones de bienestar para millones de mexicanas y mexicanos, sino también será un factor que impulse el crecimiento económico con distribución de la riqueza, prosperidad compartida. Personalmente soy testigo, como residente y vecino del municipio de Nezahualcóyotl, del esfuerzo de las familias mexicanas (hoy mexiquenses) por conseguir vivir en un espacio digno donde hacer crecer sus expectativas de vida.
La izquierda, desde el movimiento urbano popular, siempre reivindicó la vivienda digna como derecho humano fundamental. Con la construcción de un millón de viviendas nuevas, 500 mil construidas por el Infonavit y 500 mil más de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), con financiamiento de la Financiera del Bienestar (Finabien), tanto la clase trabajadora como quienes no forman parte del movimiento obrero organizado habrán dado un salto significativo en el mejoramiento de sus condiciones de vida.
Claudia Sheinbaum, con hechos está demostrando cualitativamente que la cuarta transformación no es retórica sino una realidad que se construye con seriedad, desde una planeación democrática donde el fin principal es sin duda la distribución equitativa de la riqueza pública, como lo afirma la Constitución.
El combate al neoliberalismo, hoy se nos muestra más claro y contundente mediante políticas públicas, que muy pronto veremos en el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030, que se sustentan en una visión de la economía y la política que pone por delante al bienestar de mexicanas y mexicanos.
Garantizar el derecho al techo, en palabras de nuestra Presidenta, lo que no sucedía en gobiernos neoliberales, es un cambio de timón a la noción capitalista donde la construcción de viviendas está pensada en favor del lucro, de los proyectos de desarrollo de los carteles inmobiliarios y no como obras para garantizar los derechos del pueblo de México.
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