La vivienda en la demagogia electoral
Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas; esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones; lo anterior se establece en la fracción XII del apartado A del artículo 123 constitucional.
Una de las iniciativas presentadas el pasado 5 de febrero por el titular del Poder Ejecutivo Federal al Congreso General pretende reformar dicha fracción en términos demagogos, para el efecto de convertir el sistema de financiamiento que administra el INFONAVIT en un “Sistema de Vivienda” para todas las personas trabajadoras sujetas al régimen del apartado A, en el que, además de la prestación para obtener crédito barato y suficiente, se les brinde acceso a vivienda en arrendamiento, además, el INFONAVIT también podrá participar directamente en la construcción y ejercer todo tipo de acciones para fortalecer la oferta de vivienda que permita reducir el déficit señalado.
Los objetivos en general son, que el INFONAVIT pueda construir vivienda para que los trabajadores puedan adquirirla en un esquema de renta social o en propiedad; cuando se trate de esquemas de arrendamiento, la mensualidad que se le cobre a la persona trabajadora no podrá exceder el 30% de su salario; que cualquier persona trabajadora, con un año de cotización puedan acceder a la vivienda en renta propiedad del INFONAVIT y que obtenga el derecho de adquirirla si mantiene el pago de su renta por diez años; que, en cualquier caso, se de acceso preferente a los esquemas de vivienda del INFONAVIT a las personas trabajadoras con mayor antigüedad en la cotización y que no cuenten con una vivienda propia.
En la exposición de motivos de dicha iniciativa señala que, estos esquemas se deberán hacer con total transparencia, sin criterios discrecionales ni a favor de ningún interés ajeno al del propio trabajador; adicionalmente, proponen que para profundizar en la transformación que se ha hecho en el INFONAVIT, se implementará un plan de eficiencia operativa para que pueda cumplir con estos objetivos sin repercutir en los costos a las personas trabajadoras que aportan al Instituto.
Es evidente que esta iniciativa al igual que las 11 restantes presentadas, son con fines de propaganda electoral burlando la legislación en la materia en la víspera del inicio de las campañas presidenciales para coptar voluntades, esperanzados en hacerse de una propiedad bajo un esquema poco claro, donde la gran interrogante es el origen de los recursos financieros para ejecutar a plenitud tal ambición; cabe recordar en este momento la gratuidad de la educación en México que desde hace años se prevé en términos constitucionales a nivel federal, con la salvedad de la falta de dinero para poder concretarla; estamos pues, frente a unos muy buenos deseos inviables, irrealizables, impracticables, inaccesibles e inhacederos; en una palabra: imposibles. @lvarezbanderas
