Extorsión como política de Estado

Por JORGE OCTAVIO OCHOA. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a pedir este fin de semana, en llamada telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, 20 mil millones de dólares “de apoyo” a una política regional para frenar la migración que se agolpa en nuestra franja septentrional.

Lo que iba a ser una queja diplomática por las “insinuaciones” de la DEA sobre un narco-estado, sólo quedó en una llamada, que más parece de extorsión, porque es evidente, si no es que escandaloso, que el tráfico de migrantes es solapado por los propios gobiernos populistas de centro y Sudamérica.

Cientos de miles cruzan el continente, en caravanas que se repiten una y otra vez, porque sus gobiernos son incapaces de frenar la violencia, el acoso y el asesinato en las comunidades apartadas. Más que la hambruna, es el crimen organizado quien los ha expulsado de sus territorios con la anuencia u omisión de gobiernos.

Es por eso que hoy, tal parece que la extorsión se ha convertido en política de Estado, de los regímenes que dicen tener el secreto “para resolver de raíz el problema” de la pobreza y la desigualdad, lo cual, al menos en México, se ha convertido en una monstruosa falacia.

Según datos del economista Mario Di Constanzo, las ganancias del Crimen Organizado por extorsiones como el Cobró de Piso, ascienden a los 170 mil millones anuales. Esta cifra duplica el Presupuesto de la Guardia Nacional y es equivalente al Presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública y de Marina, juntas.

Lo peor del caso, es que las expresiones públicas del propio presidente de México, deberían ser motivo de debate en la Corte de la Haya, ya que revelan un desacato al artículo 4º Constitucional, al incumplir el mandato de dar protección a las personas y a sus garantías individuales.

Cuando pobladores de Guerrero le piden mantener al Ejército en sus pueblos para frenar las extorsiones del narco, él les responde que “el Ejército no se usa para reprimir al pueblo”. Un manifestante le pregunta: “¿Y el narco es pueblo?”, él asegura: “sí, es pueblo, todos son seres humanos”.

En esta lucha desigual, las comunidades ponen los muertos, sus bienes, sus casas, su tranquilidad, para que los criminales los sigan acribillando y ejecutando en las carreteras y desplazándolos de sus tierras. Esa sola expresión revela un desacato criminal. 

Lo peor, es que Estados Unidos ya se cansó. Baste ver lo dicho hace poco por el ex fiscal general de ese país, William Barr, quien, tras el “Culiacanazo”, cuando el presidente López Obrador ordenó liberar a Ovidio Guzmán, diagnosticó que el Estado mexicano estaba rebasado ya por los narcotraficantes. 

EL ÉXODO

Así, estamos a 4 meses de la contienda electoral más grande de la historia de México y la política de lodo ha salido a relucir. López Obrador y la 4T reviven el caso Colosio; la oposición remasteriza el origen “mafioso” del financiamiento de la campaña de AMLO del 2006.

Unos y otros, traen al debate viejos informes: un presunto “segundo tirador”, al que ya antes habían investigado. Los otros reviven investigaciones de la DEA sobre financiamiento del Cártel de Sinaloa para impulsar “al movimiento”. Y emergen nuevamente, nombres de militantes de Morena presuntamente vinculados al narco.

En este baño de lodo, reluce también una prensa miserable, de aquellos que propalan la versión de que el propio Luis Donaldo Colosio Riojas, quiere el indulto a Mario Aburto, para proteger así al ex presidente Carlos Salinas de Gortari, del que todo mundo sospecha.

¿Por qué habría de querer protegerlo, si hasta su carrera política en Movimiento Ciudadano es una cachetada para el PRI, partido del que no quiere ni el saludo? Pero, como dice López Obrador y toda su caterva de corifeos: son tiempos de zopilotes.

Estos dos temas, también nos dejan ver la obtusa mentalidad del presidente de la república. A 30 años de asesinato de Colosio, la reapertura del caso, con viejas líneas de investigación, le parece un “asunto de Estado”. Pero que la DEA lo señale por presuntos nexos con el narco, no le parece asunto de Estado.

En teoría, él representa la soberanía de todo un país. Por ende, debería emitir una queja diplomática y exigir una aclaración o una disculpa. Pero lo deja hasta ahí, sabedor que esta es solo la punta del icberg. Son dos caras de un mismo sujeto. El problema es que hay filones y líneas que no puede ocultar.

Falta ver próximamente, qué trasciende con las declaraciones de Julio Carmona, testigo protegido en Estados Unidos, hermano del capo de lavado de dinero y huachicolero, asesinado en Nuevo León, en el 2021, Sergio Carmona. Julio huyó al vecino país inmediatamente después del asesinato de su hermano.

El hilo conductor es que Julio Carmona fue administrador de la aduana de Reynosa, Tamaulipas, en el 2019, nombrado por Ricardo Peralta, exadministrador General de Aduanas y exsubsecretario de Gobernación, considerado como uno de los principales “arquitectos electorales de Morena”.

Hay reportes específicos, publicados en las revistas Proceso y Reporte Índigo, en los que hacen referencia a la aeronave Hawker matrícula XB-PND, propiedad de Sergio Carmona, que fue utilizada para trasladar al actual gobernador Américo Villarreal Anaya y al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

Esto, además, en tiempos electorales en la entidad. El tema es que, antes de que empiecen las campañas formales, el “Ojo por ojo, diente por diente” ya está a todo lo que da, y colocan al Primer Mandatario ante la necesidad, si no es que la obligación, de presentar una queja diplomática.

Los archivos de la DEA nos traen a la memoria, además, los nombres de varios personajes de alto nivel, que han sido relacionados con líderes del narcotráfico, empezando por la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado y su padre, Félix Salgado Macedonio.

Para nadie es un secreto que ellos tienen parentesco político con un delincuente confeso. También pulula en las redes sociales, información sobre el presunto vínculo entre José Alfredo Hurtado Olascoaga, ‘El Fresa’, líder de La Familia Michoacana y Celeste Mora Eguiluz, integrante del Consejo Político de Morena.

El propio Andrés Manuel López Obrador fue recriminado por uno de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por su cercanía a José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, presos por delitos de delincuencia organizada y vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos.

Todo esto se da en momentos en que, a los ojos de todos los mexicanos, crece el nivel de violencia y criminalidad, con ejecuciones brutales, ataques con drones, quema de vehículos, secuestros, cierres carreteros, asesinato de choferes de trailers.

Para rematar, México se encuentra, otra vez, entre los países más corruptos y más peligrosos del planeta, con más de 177 mil muertes y ejecuciones violentas. Por tanto, el presidente no puede, solo con gráficas, sepultar 5 años de fracaso en el tema más doloroso del país: inseguridad y violencia.

En los Estados de la República y en los informes de Seguridad Nacional, se puede encontrar la ruta y el tamaño de la desgracia que vive México. El Estado-Nación, está destrozado, debilitado por tantos grupos y carteles que se disputan el territorio y que desplazan impunemente a las poblaciones-

Sin embargo, a cuatro meses de las elecciones y al fin de su mandato, López Obrador pretende reabrir y convertir en un estercolero político el caso Colosio, igual que el caso Ayotzinapa, pero el problema aquí es que, en esa misma medida, se le empiezan a salir otros fantasmas del closet.

Es obvio que quiere politizar con fines electorales, distraer la atención porque sus megaobras no avanzan y se convierten en una bomba de tiempo en el plano presupuestal. Se le ve, pues, muy preocupado por el resultado electoral de junio próximo, más aún cuando empiecen los debates.

Política mierdera, no tiene otro calificativo. Así, la clase política se sume nuevamente en un mar de lodo y odio, igual a la que inundó al país desde los asesinatos de José Francisco Ruiz Massieu, Colosio y Juan Jesús Posadas Ocampo.

Es un proceso de descomposición que empezó en 1988, cuando le robaron el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas. Carlos Salinas de Gortari fraguó la entrega del poder y el cambio de nombre del PRI al de Partido Solidaridad, pero nadie esperaba el voto del miedo que se registró.

Es peligroso que AMLO y Morena quieran reabrir y revolver las miasmas, para diluir en el caldero de inmundicias, las corruptelas en las que están enfangados los nuevos tenedores del Poder. Por mucho que lo niegue el mandatario, hay sólidas líneas de investigación que no se abren porque Gertz o él no quieren.

¿Existen o no las empresas Romedic y Diagnóstico Biomolecular? ¿Se otorgó o no el contrato por 61 millones de pesos del gobierno de Tabasco para la venta y distribución de medicinas? ¿Se otorgaron o no los contratos por 219 millones en el 2022 por el gobierno de Quintana Roo?

Con la vara que midas… Empieza el éxodo....