Política gourmet
ESTRANGULAR A LA CORTE, EL VERDADERO PLAN ‘C’ DE OBRADOR
* Es muy peligroso recortar una tercera parte del presupuesto del Poder Judicial en año electoral
* La lectura es muy simple: El Presidente López Obrador busca vengarse de la Corte
* Una aplicación deficiente e ineficiente de la justicia agravaría las desigualdades sociales en México
OTRO MAL PRESAGIO.- Por enésima ocasión, la mentira proviene de Palacio Nacional: El Presidente Andrés López Obrador miente cuando asegura que la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación sólo afectará “los privilegios de unos cuantos ‘de arriba’”. Y con esta afirmación, el Primer Mandatario deja totalmente al descubierto su total desconocimiento sobre cómo opera el Poder Judicial, su estructura y las necesidades presupuestarias de éste. La columna vertebral de la vida institucional de este país recae, se fundamenta y se sostiene en los tres Poderes de la Unión (el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial) y bombardear a uno de éstos implica bombardear al país. Es por eso que el tabasqueño se ha empecinado en atacar sistemática y permanentemente al último reducto de autonomía e independencia que nos queda a los mexicanos: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Por eso, hay que aclararle una y otra vez, hasta el cansancio, de que en el Poder Judicial no hay funcionarios de arriba y funcionarios de abajo. La realidad es que todos ellos forman parte de un solo ente cuya única y exclusiva misión es procurarle el acceso a la justicia a los 127 millones de mexicanos que habitamos este país, incluido el Presidente de la República. Por eso, aquí no cabe el desinterés ni la apatía, hay que defender al Poder Judicial sí o sí. Y no, señor López, ésta no es una guerra de chairos contra fifís o de progresistas contra conservadores. Ninguna transformación es posible sin instituciones y legalidad.
LOS NÚMEROS EN FRÍO.- En el Congreso de la Unión todavía no se discute ni se aprueba el presupuesto que se le asignará el año entrante al Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, por presiones de Palacio Nacional, pretenden arrebatarle 13 de sus 14 fideicomisos, algo así como 15 mil millones de pesos que supuestamente transferirán a la Tesorería de la Federación (¿en año electoral?, sí, ¡cómo no!). Este recorte le amputaría una tercera parte de su presupuesto total al Poder Judicial y eso afectaría brutalmente a muchísimos trabajadores de base, a ministros, magistrados, consejeros y jueces, lo que a todas luces representa una alevosa venganza de López Obrador ante un órgano autónomo que dejó de someterse a sus caprichos y designios desde que su amigo Arturo Zaldívar Lelo de Larrea dejó de presidir la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Pero el hachazo del Legislativo al Judicial no sólo abarcaría a los fideicomisos del Poder Judicial, también alcanzarían a unos 15 mil millones de pesos adicionales que impactarían negativamente al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) la SCJN y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ). Aplicar un recorte de tal magnitud en año electoral le acarrearía a nuestra democracia un daño irreparable, además de que se estaría dañando severamente el acceso a la justicia y a garantizar la protección de los derechos humanos de todos los mexicanos.
MENUDO LÍO.- De concretarse el recorte pretendido al Poder Judicial de la Federación para 2024 por parte de la fracción legislativa de Morena y sus aliados lo más probable es que se empujará al sistema de justicia mexicano prácticamente a la inoperancia y esto no es ninguna exageración. Porque sin el presupuesto necesario el 70% de los órganos jurisdiccionales quedarían imposibilitados para atender y cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales. Pero, además, es una total infamia que desde el Legislativo no den un sustento concreto y tangible del porqué aplicar este recorte presupuestal que, si nos basamos en las cifras de este 2023, se le estaría entregando un monto 32% menor al ejercido en este año. Esta arbitrariedad igualmente se traduciría en una enorme desigualdad social, porque sólo aquellos que tengan recursos podrán contratar los servicios de buenos abogados y, a su vez, las defensorías de oficio serían cada vez menos y de menor calidad, pues no se podrían disponer de recursos para este fin. Entonces… ¿en realidad no afectaría a “los de abajo”?
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