Denuncian funcionarios de Michoacán extorsión contra tortilleros
MORELIA, Mich., 4 de agosto de 2023.- Por posibles actos de extorsión al sector productivo de Uruapan, Claudio Méndez Fernández, secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), y Antonio Godoy, titular de la Coordinadora del Transporte Público en Michoacán (Cocotra), interpusieron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Según consta en la denuncia ante la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, Méndez manifestó que el 2 de agosto recibió diversas llamadas telefónicas del sector tortillero de Uruapan, en las que le refirieron que a principios de junio de este año, comenzaron a recibir llamadas de sujetos que se hacían llamar pertenecientes al crimen organizado.
“Miembros de la Industria de la Masa y la Tortilla, de las colonias Morelos, Ramón Farías, Antorcha, Río Volga, Arroyo del Páramo y calzada La Fuente, indicaron que los hombres, sin identificarse, de forma violenta y de manera periódica les exigían dinero. De no hacerlo, eran amenazados con matarlos a ellos o a sus familiares, o quemar sus tortillerías”, indica el documento.
Se conoció también por la denuncia que los grupos delictivos se acercaron personalmente a las tortillerías para exigir los pagos de cuotas, y presuntamente golpearon a los empleados.
Para julio, les incrementaron el cobro del pago de piso y la periodicidad, que pasó de ser mensual a dos veces por semana, lo que generó se hiciera insostenible su actividad comercial. Es por ello que decidieron cerrar los negocios el 2 de agosto.
Estas denuncias son las primeras que presentan funcionarios públicos de Michoacán, luego de la aprobación de la reforma al Código Penal del Estado, que obliga a los servidores a acudir ante las autoridades en cuanto se tenga conocimiento de actos de extorsión.
Esta reforma, impulsada por el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla, también indica que la Fiscalía deberá de iniciar las carpetas de investigación correspondientes en cuanto el hecho se haga público a través de medios de comunicación.
Al respecto, Ramírez Bedolla ha sido enfático en que se perseguirá y castigará a los responsables de amenazas de extorsión contra el transporte público y contra las tortillerías, por lo que se comprometió a que no exista impunidad en este y otros casos de extorsión.
Además, con la reforma al Código Penal, la extorsión se equipara al delito de secuestro, con lo que se elevan las penas hasta 25 años de prisión.
