En contexto
LA PANDEMIA Y LA ECONOMÍA CLXXI...
La 4T le recibe un duro revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde mantiene un plantón permanente. AMLO no respeta la división de poderes.
La fórmula de López Obrador para que los levanta dedos morenistas, perdón, legisladores morenistas, no le quiten ni “una coma” a sus iniciativas de ley, pues tiene sus consecuencias y ayer mismo el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con una abrumadora mayoría , invalidó en su totalidad la primera parte de las reformas electorales del llamado “Plan B,” por vicios graves en el procedimiento legislativo, particularmente por no publicar la iniciativa de ley aprobada con las 24 horas de anticipación, como lo que requiere la ley.
Con una votación de 9 ministros a favor del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán que proponía la invalidez, variando algunas de las consideraciones y argumentos, el pleno de la Suprema Corte concluyó que la violación al procedimiento legislativo afectó el proceso deliberativo para la aprobación de las reformas a las leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.
Con los votos en contra de las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa, quienes rechazaron que se haya afectado la deliberación parlamentaria y se manifestaron “por no reponer las etapas procesales” para aprobar dicha reforma, a las cuales no respaldó Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, la mayoría respaldó la propuesta por invalidar la totalidad del “Plan B” de la reforma electoral aprobadas por la mayoría morenista y sus aliados y publicadas en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de diciembre de 2022.
El pleno de la Corte aprobó la sentencia en la que se invalidó totalmente la primera parte de la reforma electoral por “la gravedad de tales infracciones”, debido a que hubo una violación directa a los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal, esto porque la iniciativa no se conoció a tiempo, ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de Origen. Por lo mismo, se declararon fundadas siete acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos políticos y minorías parlamentarias en contra de los cambios legislativos de la reforma electoral.
Votaron a favor de la invalidez total del “Plan B” de la reforma electoral los ministros Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek, Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, Norma Lucía Piña Hernández y Ana Margarita Ríos Farjat.
Llamó la atención que el ministro Arturo Zaldívar se unió a este bloque mayoritario, dejando solas a las ministras pro obradorcistas Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel.
El ministro Luis María Aguilar Morales, sostuvo que las violaciones al procedimiento legislativo para aprobar al “Plan B” fueron de tal gravedad que equivalen a una perversión del sistema democrático y graves violaciones a la Constitución. La presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, advirtió que no se respetó la obligación de publicar la iniciativa de ley con la debida anticipación de 24 horas, ya que solo transcurrió una hora entre su publicación y su aprobación, lo que a su vez se tradujo en que la mayoría de los legisladores tenían conocimiento de la iniciativa de ley.
Alberto Pérez Dayán, al exponer su proyecto, dijo que los legisladores “no conocieron el contenido de la iniciativa en cuestión; ello, porque el orden del día de la sesión de 6 de diciembre de 2022 en la Cámara de Diputados, no se publicó en la Gaceta Parlamentaria, la iniciativa en estudio se hizo de su conocimiento durante el desarrollo de la propia sesión, es decir, primero, a las 22:12 horas y, una vez más, ya modificada, a las 23:03 del 6 de diciembre, lo que hizo que se publicara en ese momento; esto provocó que no tuvieran certeza como lo argumentan, de cuál de ellas se trataba ni, por supuesto, tiempo para estudiarla, conocerla y discutirla; por tanto, el proyecto estima que no existieron las condiciones necesarias para sostener un debate real, informado y con conocimiento del mismo, lo que incide de manera negativa en el sistema de representación democrático”.
La decisión de la Suprema Corte, como era de esperarse, generó un fuerte debate entre políticos de todos los signos y funcionarios de gobierno y partidistas. En Twitter, hay hasta nueve temas entre los trending topics sobre este fallo. Por ejemplo, el titular de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, criticó al máximo tribunal y llamó a implementar un “Plan C en las urnas”. Los veinte militantes morenistas que mantienen un plantón permanente en las puertas de la Suprema Corte de Justicia, solamente les mentaban la madre a los funcionarios judiciales.
José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro de la Corte, afirmó que es una decisión importante. Y recalcó: “Se mantuvo la congruencia con los precedentes”.
En contraste, destacan las posturas de académicos, como Javier Aparicio, quien afirmó que la SCJN puede invalidar normas que contravengan la Constitución y explicó que la Constitución establece límites al “mayoriteo en el proceso legislativo que fueron exigidos cuando, quienes hoy gobiernan, eran minorías y oposición”. Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE, dijo que la Corte ejerció su autonomía ante las presiones del poder y añadió ue “el poder tiene reglas y límites, algo que hoy, por el bien de todos, vuelve a constarse”.
En el mismo sentido se pronunció Alfredo Figueroa, exconsejero electoral, quien afirmó que el Plan B de reforma electoral intentó violar la Constitución, mientras que Ciro Murayama estimó que era “un gran día le ha dado la SCJN a México. El INE sigue en pie, la arbitrariedad del “plan B” sale de coma sólo para recibir el acta formal de defunción. La ciudadanía, las instituciones que hicieron valer su autonomía y la Corte independiente mantuvieron viva la democracia.
La senadora morenista Citlalli Hernández, afirmó que es “vergonzoso” el papel de la SCJN. Cuestionó: “¿Y la voluntad del pueblo expresada en darnos el voto a legisladores y con ello la mayoría legislativa a un proyecto político?”. En tanto, la priísta Claudia Ruiz Massieu, sostuvo que la aplanadora con la que Morena buscó imponer la primera parte del #PlanB fue declarada inconstitucional por la SCJN: “Quedó claro: la democracia en la que vivimos exige la deliberación sobre los temas que le importan a México. Basta de ignorar la pluralidad y de cerrarse al diálogo.
Ignacio Mier, líder de la mayoría de Morena en Cámara de Diputados, afirmó que es un “atropello al Poder Legislativo” y que con su actuar, la Suprema Corte impone un gobierno de los jueces y convierte al Poder Judicial en activistas políticos. Lamentable.
Ahora vendrá un segundo revés, pues los senadores del Movimiento de Reconstrucción Nacional, que son mayoría, -- a propuesta del Poder Ejecutivo--, aprobaron 20 Leyes y Reformas Constitucionales en el breve espacio de menos de cinco horas, con violación flagrante de la Constitución y la normatividad legislativa; esto, en los últimos días del recién pasado mes de abril.
La oposición, en particular PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, afirmaron, de inmediato, qué van a impugnar la aprobación por Morena, PT y Verde, ante las instancias jurídicas, concretamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “porque todo eso que hizo Morena y sus aliados, es un cochinero legislativo”.
Las modificaciones a las leyes, que finalmente son constitucionales, tendrán efecto en la administración pública. Se reflejarán en daños económicos y de afectación de la salud de los mexicanos menos favorecidos por las condiciones económicas, de por sí pobres por los altos índices de inflación y apenas reponiéndose de la más terrible pandemia de las últimas décadas en México y el mundo.
Se dan una serie de situaciones totalmente negativas. Para empezar, la extinción del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) y la transferencia de todas sus funciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Bienestar). Esto, por la ausencia de eficiencia en los servicios médicos. Hay que señalar que el organismo extinguido fue creado en este gobierno y sólo permaneció cuatro años, por no cumplir con sus expectativas de atención a la salud. Como se sabe. el INSABI sustituyó al Seguro Popular, que ofrecía servicios de salud directamente a más de 16 millones de personas adultas mayores, carentes de otros servicios, y se incluía a otro tipo de mexicanos sin recursos económicos, hasta llegar a 50 millones de personas. También, aprobaron desaparecer a la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Este organismo de apoyo fundamental para el campo mexicano y la pesca, quebró rotundamente, por falta de recursos y de medios para extender los créditos a campesinos.
En estas ineficiencias gubernamentales, los senadores y diputados morenistas jamás han reparado. Sus estrategias están encaminadas a lograr otros propósitos, estar pegados a la nómina, aunque sea por mandato presidencial.
La oposición ganó muchos espacios en 2021; el presidente va perdiendo control por más que quiera evitarlo, porque no se puede gobernar todos los días diciendo mentiras, insultando o denostando a los otros poderes federales, a los opositores, intelectuales, periodistas o empresarios –sus villanos favoritos--, defendiendo “una honestidad valiente” que no existe y escondiendo una corrupción que salpica a sus hijos y a los amigos de sus hijos, además de sus hermanos y demás parientes y destilando veneno que cuando lo afecta, se queja.
Dice el refrán que quien siembra odio, cosecha odio. Y así seguirá, como la fábula del alacrán y la rana.
