Dictamen de Cuenta Pública 2021 no tiene sustento legal: ASM
MORELIA, Mich., 2 de mayo de 2023.- El dictamen que aprobó la 75 Legislatura del Congreso del Estado sobre la Cuenta Pública Estatal 2021, solo se puede interpretar de manera política porque no tiene sustento legal, afirmó el auditor superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre.
Indicó que el Congreso del Estado no tiene facultades para ordenar auditar los recursos federales que ejercen las instituciones estatales, aunque ya lo ha hecho en dos ocasiones, a través de la Unidad de Evaluación y Control que hizo una auditoría financiera al ejercicio 2020 y otra específica al Fondo de Fortalecimiento de Fiscalización en ese mismo ejercicio fiscal.
Además, señaló que la Auditoría Superior de Michoacán también ha sido fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación y si bien tuvo observaciones en el ejercicio 2021, fueron desvanecidas, aunque fueron el pretexto para retirarle la autonomía financiera.
Para el auditor superior los diputados no tienen elementos para descalificar el trabajo que han realizado, cuando ellos mismos reconocen que auditó el 4.75 del cinco por ciento que representan los recursos estatales del total del presupuesto porque el 95 por ciento son recursos de origen federal, es decir, se cumplió con lo mandatado por el Congreso.
Cuestionó que pese a que consideraron que los informes general e individuales no aportan la información requerida para determinar si ejerció bien o mal el presupuesto del 2021, no pensaron en darle el derecho constitucional de audiencia para explicar o aclarar los resultados.
Argumentan, por ejemplo, que hay informes en proceso de notificación, pero resulta que fueron notificados a las dependencias y al propio Congreso, pero como en 2021 hubo dos funcionarios, unos que salieron el 30 de septiembre y otros que entraron el primero de octubre, cuando se solicitaron los domicilios de los exfuncionarios a las contralorías internas de las dependencias se les informó que no viven en Michoacán.
Están en Tlaxcala y en la Ciudad de México y lo que hizo fue pedir ayuda a las auditorías locales para notificarles y si no se presentan a las audiencias entonces se publicarán edictos como lo establece la norma porque no se puede violentar el debido proceso al negarles el derecho de audiencia.
Es por todo esto que el auditor superior considera que el dictamen es político, no con el afán de fiscalizar o de un acto de transparencia, sino como una ruta más a explorar para ver si ahora sí lo pueden correr.
“Cuando nosotros rebasamos lo legal nos podemos inventar cualquier situación, es decir, si no hay facultades del congreso para revisar recursos federales porqué mandata una auditoria, porqué se contratan despachos externos, quién los va a contratar, vía licitación, vía invitación restringida”.
Rechazó que en proceso de las auditorías que mandató el Congreso le puedan sembrar cosas, pero estimó que el actuar será igual que como se hizo el dictamen de la cuenta pública estatal porque seguramente no le darán el derecho constitucional de desvirtuar las posibles observaciones y solo le dijeron que está mal.
“Una auditoría debe ser imparcial, no se hace para buscar o para encontrar, ese no es el objetivo, el propósito es revisar si está bien o mal, pero si desde que se origina no tiene el sustento legal y me están diciendo no cumpliste, no van a verlo de una manera imparcial, ya están diciendo, tú eres culpable.
“Por eso digo que una cuestión es lo legal y otra lo político; si hemos cumplido, qué me espero, es para poder decir quitemos al auditor porque no está cumpliendo con el trabajo, cuando ellos mismos aceptan que rebasamos lo que nos encargaron”, señaló el auditor superior de Michoacán.
