Buscan crear consejo para atender el desplazamiento forzado interno
MORELIA, Mich., 10 de abril de 2023.- Una propuesta de ley para la prevención, acompañamiento, seguimiento y atención del desplazamiento forzado interno que involucra prácticamente a todas las instituciones gubernamentales es la que hace el diputado Felipe de Jesús Contreras.
La iniciativa iba a ser presentada ante el pleno en la frustrada sesión del pasado 30 de marzo, prevé la creación de un Consejo Estatal de atención integral al desplazamiento forzado interno, como un órgano público interinstitucional, encargado de formular y ejecutar el programa estatal.
El Programa Estatal deberá establecer las líneas de acción encaminadas a neutralizar los efectos de la violencia, definir y desarrollar acciones de prevención, protección y atención humanitaria de emergencia y el acceso a los programas sociales de gobierno en sus tres divisiones. Así como a mitigar sus graves consecuencias sobre la inseguridad personal.
Las personas desplazadas más vulnerables, tales como niñas, niños, especialmente las y los menores no acompañados, las mujeres embarazadas, las madres con hijas e hijos pequeños, las mujeres jefas de familia, las personas con discapacidades y las personas adultas mayores, tendrán derecho a la protección y asistencia requerida por su condición y a un tratamiento que tenga en cuenta sus necesidades especiales.
El Estado tomará medidas de especial protección contra los desplazamientos de las comunidades indígenas, campesinos u otros grupos que tengan especial dependencia con su tierra, debiendo proteger su desarrollo cultural, lenguas, usos y costumbres tradiciones, sistemas normativos y formas de organización social, política y económica, se indica en la iniciativa.
Las personas desplazadas contarán con acceso pleno a la justicia, así como a medios de defensa efectivos para hacer valer sus derechos y en su caso, que les sean reparados los daños provocados con motivo de su desplazamiento.
Las autoridades estatales y municipales deberán adoptar las medidas y formular las políticas públicas para la prevención del desplazamiento forzado interno, la atención, protección y asistencia durante el mismo y la implementación de soluciones duraderas que permitan superar la condición de desplazamiento interno.
Además, deberán proporcionar los medios que faciliten el regreso voluntario, seguro y digno de las personas desplazadas a su lugar de residencia habitual, o bien permitan su reasentamiento voluntario, bajo estas mismas condiciones en otra parte del territorio estatal y su reintegración social.
La propuesta incluye sanciones administrativas para los funcionarios que no cumplan con sus responsabilidades e, incluso, para aquellos ciudadanos que mientan sobre su desplazamiento, retirándose cualquier tipo de apoyo.
Esta iniciativa es la segunda que se presenta en la actual legislatura, la primera fue hace un año por parte de la diputada Fanny Arreola, quien estuvo trabajando su propuesta de manera consensuada con organizaciones y activistas, la cual está en la congeladora legislativa.