En manos de los mexicanos organizados, defensa de la democracia: Alfonso
MORELIA, Mich., 2 de marzo de 2023.- En manos de los ciudadanos organizados se encuentra la defensa de la democracia y de la libertad de expresión, tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del Plan B en materia electoral, señaló Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de Morelia.
Lamentó que "quieren destruir la institución garante de la vida democrática, para perpetuarse en el poder, pero tenemos otras instituciones, todavía tenemos otras instituciones para revertor estas decisiones".
Sin embargo, la responsabilidad de la defensa de la democracia y del que consideró será el siguiente objetivo a acotar, la libertad de expresión y de manifestación, recae esencialmente en los ciudadanos organizados, que ya en dos ocasiones han salido a marchar para protestar en contra del Plan B y la disminución de competencias del Instituto Nacional Electoral (INE).
Ante los señalamientos de simpatizantes del Plan B en materia electoral, en torno de la presencia de partidos políticos y figuras públicas de oposición en las manifestaciones ciudadanas en defensa del INE, Alfonso Martínez aseguró que "nonse deben preocuparse por eso, deben ocuparse, por eso la gente está en las calles, si ellos hicieran muy bien su trabajo no habría problema, pero no es así y por eso la gente sale a manifestarse", precisó.
El edil de Morelia insistió que, tras las acotaciones al INE, "lo que sigue es la destrucción de la democracia, es que ya no haya derecho a la manifestación, como en Cuba y Venezuela, donde a la gente la golpean si sale a las calles, eso no puede suceder en nuestro país".
Este jueves 2 de marzo en el DOF se publicó el Plan B de la reforma electoral, que modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al tiempo que se expide la Ley General de Impugnación en Materia Electoral.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió una controversia constitucional presentada por el INE, por la modificación de la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, también parte del Plan B.
Estas adecuaciones implica la eliminación de las 300 juntas ejecutivas distritales, la reducción del salario de los consejeros del INE ppr debajo del ingreso del presidente de la república, la no intervención de los consejeros del instituto en los partidos políticos y sus documentos, entre otros.
