Miscelánea, salud y política
Es 2023, año de la participación ciudadana
Judith Álamo López
“La corrupción es un mal inherente a todo gobierno que no está controlado por la opinión pública": Ludwig von Mises
La personalidad mesiánica del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido la causa del gran fracaso de su gobierno en el combate a la corrupción, pese a ser su bandera de campaña para llegar a la presidencia de la República durante casi dos décadas; y en el crecimiento de esta podredumbre, la impunidad y la violencia juegan un papel sobresaliente por la falta de participación ciudadana en los asuntos públicos.
Próximo a publicar los Índices de Percepción de la Corrupción (IPC) en enero de 2023, la evaluación de Transparencia Internacional (TI) sobre México en 2022, lo anterior podría empeorar: si entonces el país obtuvo sólo 31 puntos (en una escala de cero a 100, donde 100 sería la mejor calificación posible) en el IPC, con lo que el país se ubicó en la posición 124 de los 180 países evaluados, la 38 de los 38 países que integran la OCDE, y la 19 del Grupo de los 20.
Es fácil prever que nuestro desempeño será inferior porque se hizo caso nulo al diagnóstico y recomendaciones de TI y se mantienen sin resolución los casos definidos como emblemáticos: la Estafa Maestra, Odebrecht, Agronitrogenados, juicio a expresidentes, etc. Aunque haya algunos indiciados, no son todos los presuntos implicados, tampoco ha habido recuperación de los activos desviados en beneficio del patrimonio nacional y la reparación del daño a las víctimas es prácticamente inexistente.
Dados los últimos acontecimientos en el poder legislativo donde la mayoría morenista y aliados se impuso para aprobar reformas anticonstitucionales electorales –el Plan B– propuestas e impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no es temerario predecir en 2023 una gran batalla por el poder político, donde Coahuila y el Estado de México serán los primeros escenarios de la confrontación, pero en la que el jefe del Ejecutivo usará todo el poder –legal e ilegal– para hacer que la llamada Cuarta Transformación (4T) se quede al mando.
Si tienen razón las encuestadoras, el mandatario mexicano conserva un alto nivel de aceptación, de alrededor del 60 %, pero este amplio apoyo social logrado gracias al uso y abuso de los programas sociales, no se ha usado para combatir a las redes de corrupción, estas se mantienen más vivas que nunca, siguen operantes, y en muchos casos, vinculadas a redes criminales, por ello no disminuye el índice de seguridad, ni los homicidios, ni los feminicidios, ni las desapariciones.
El Índice Nacional de Impunidad es del 92.8%, y la impunidad abona a la corrupción. Sólo 7 de cada 100 casos de homicidio han sido esclarecidos entre 2016 y 2021, periodo en el que se consolidó el sistema penal acusatorio en México, reveló la organización Impunidad Cero.
Hasta dónde la conducta del presidente –autoproclamado líder moral de un movimiento– es un mal ejemplo que siguen delincuentes (incluidos los organizados) ya que él a toda costa ha evitado el juicio legal de familiares y correligionarios, quienes fueron filmados y exhibidos cometiendo presuntos ilícitos. Sin embargo, a priori, desde las Mañaneras, el máximo tribunal del país, fueron exonerados.
Casos de ejemplo sobran: su hijo José Ramón y su familia, gozando en Texas de los favores de un contratista de PEMEX; o su hermano Pío recibiendo dinero de un representante del cuestionado partido Verde Ecologista, o la maestra Delfina Gómez, investigada por el Tribunal Electoral como presunta delincuente electoral, pese a lo cual el presidente la impulsa con todo el aparato del Estado como candidata al gobierno del Estado de México.
Contrario a la Constitución, López Obrador logró la militarización del país, al pasar la Guardia Nacional a los mandos castrenses hasta el 2028, pese al incremento anual sustancial de los presupuestos dedicados a la seguridad pública, con resultados desastrosos. De acuerdo a las Encuestas de Percepción de Inseguridad Pública que efectúa INEGI desde 2013, no mejoran. La política de "abrazos no balazos" es un fracaso más de las políticas públicas del actual gobierno.
Mucho podría decirse como balance de las acciones de gobierno fallidas o del incremento de la gobernanza criminal en lugares localizables y exentos de participación del aparato gubernamental. El crimen avanza, se expande sin freno ni hay política gubernamental orientada a frenarlo o desarticularlo, lamentablemente se carece de grandes operativos para detener al crimen organizado.
El gobierno de AMLO siempre ha estado orientado a ganar la lucha electoral que se avecina, basta ver con cuánta anticipación inició la presentación de sus posibles sucesores, llamados por él corcholatas, y actualmente la propaganda de la corcholata preferida, que se multiplica e inunda ilegalmente lugares públicos de la ciudad de México e interior del país.
La ley nunca ha frenado al líder auténtico de Morena, el presidente López Obrador, aunque se presuma el uso de recursos públicos en las precampañas electorales, o peor aún, se usen recursos de origen desconocido, el año por venir será de muchos desafíos, y sin duda, seremos los ciudadanos quienes tendremos que participar para definir el rumbo del país.
Hago votos porque el 2023 sea el año de la participación ciudadana, de la sociedad civil activa, pacífica, responsable, para exigir que el gobierno cumpla con sus obligaciones, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación evite el desmantelamiento inconstitucional del Instituto Nacional Electoral y se puedan efectuar elecciones limpias y legales, y actúen para impedir ser presididos por una ministra que hace trampa para titularse, y sin decoro ni ética alguna, se postula como su líder. Veamos de qué está hecho el máximo tribunal del país.
