Opera narco en elecciones michoacanas en recientes 20 años

MORELIA, Mich., 14 de octubre de 2022.- Imposición, asesinato y desaparición de candidatos, control de propaganda, robo y quema de urnas, merodeo de civiles armados en centros de votación para coaccionar el voto, así como intentos de sometimiento editorial de la prensa, son algunas manifestaciones que evidencian la mano del crimen organizado en los procesos electorales de Michoacán, en las últimas décadas, relataron periodistas.

Al participar en el foro: Cobertura electoral en tiempos de inseguridad y violencia: la perspectiva de Michoacán, Francisco García Davish, director general de Quadratín; Carlos Monge, director de PostData News; Samuel Ponce, director de Acueducto Online; Adán García, director de 1a Plana, y Leovigildo González, director de Sala de Prensa, compartieron experiencias.

Bajo la conducción de Carlos Monge, los participantes tuvieron dos intervenciones, en las que relataron anécdotas personales de coberturas periodísticas en Michoacán, un estado marcado por la violencia criminal, que ha logrado penetrar las esferas institucionales y minar la democracia, al grado de poner en entredicho el Estado de derecho en algunas regiones.

Adán García recordó que la elección de 2021 en Michoacán estuvo enmarcada en un contexto de violencia agudizada durante los últimos tres lustros, entre disputas de grupos criminales, y recordó cómo, en un hecho sin precedentes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación admitió que este proceso electoral intervino el crimen organizado, sin embargo, la elección no fue anulada.

Al hacer un recuento de los diferentes contextos políticos por los que han transitado los procesos electorales de Michoacán, entre 2002 y 2021, recordó que entre 2005 y 2010 han sido asesinados 16 periodistas, que en algunas regiones enfrentan amagos que les obligan a reforzar protocolos de cobertura, a no firmar las notas e incluso a usar chalecos antibalas.

El comunicador recordó que entre 2005 y 2022 han sido asesinados 13 presidentes municipales, seis expresidentes, y dos candidatos a alcaldes han sido ultimados, además, un alcalde ya electo fue desaparecido, en Penjamillo, y un candidato levantado y desaparecido, en Uruapan. 

Tras señalar el contexto de inseguridad y violencia en que se desarrollan procesos electorales en Michoacán, tanto para candidatos como para ciudadanos, Carlos Monge recordó que en el proceso electoral de 2021 se hizo campaña en medio de casi un centenar de barricadas de civiles armados que controlaron el despliegue de las campañas políticas, y el acceso o no de candidatos.

Recordó atentados, asesinatos de candidatos y autoridades ya electas o en funciones, y la desaparición de algunos de ellos, en Aguililla, Uruapan y Penjamillo, se pronunció porque las autoridades dejen de lado la simulación, y que los partidos asuman la responsabilidad por quienes van a postular como candidatos en las próximas elecciones de 2024.

Francisco García Davish mencionó que la situación de Michoacán como una entidad referente en el trasiego de droga se remonta a la posguerra, en que se trazó la ruta inicial para la producción y comercialización de enervantes hacia el mercado estadounidense, dinámica que devino en una competencia hostil y violenta de grupos criminales por el control del mercado.

Hizo notar que es en esta vorágine de violencia en que se lleva a cabo el ejercicio periodístico en Michoacán, pero enfatizó que ninguna cobertura ni ninguna información pueden ser más importantes que la seguridad y la vida de cada comunicador, que también debe de ser responsable y riguroso en su ejercicio.

García Davish destacó la importancia de apresurar organización solidaria entre comunicadores, y de buscar capacitación, asesoría y acompañamiento de asociaciones como Artículo 19, Reporteros sin Fronteras, Instituto de las Américas y otras, como ha hecho Quadratín, para homologar criterios editoriales y de seguridad, ante cualquier amenaza.

Advirtió que las elecciones de 2024 se vaticinan complejas, por el asomo de personajes cuestionables que se mantienen agazapados en espera de ser postulados, por lo que se pronunció porque autoridades electorales continúen firmes, alertas, vigilantes y menos tímidas a la hora de señalar, pese a que formalmente no inicie aún el proceso electoral.

Samuel Ponce Morales relató cómo, durante las elecciones de 2021, acudió a Aguililla, a dar cobertura de la campaña del candidato Juan Antonio Magaña de la Mora a la gubernatura, postulado por el PVEM, le tocó atestiguar la presencia criminal en El Terrero, y el miedo de desplazarse por un escenario de tiroteos e incendio de vehículos.

A decir del comunicador, la de 2021 no fue una “narcoelección” a nivel de todo el estado, sino una “narcoelección focalizada” en algunos distritos y municipios. Hizo notar que como periodista también ha observado dos violencias adicionales no menores: la violencia propiciada por algunas comunidades indígenas en procesos electorales, y la violencia política en razón de género.

Por su parte, Leovigildo González se refirió a la intervención criminal en las elecciones de 2011, en que grupos armados literalmente hicieron campaña y utilizaron propaganda para impulsar la candidatura de actores del PRI al gobierno de Michoacán.

El comunicador señaló que la situación que padece Michoacán no es reciente, y que lo que se vivió en 2021 es parte de un remanente que no es nuevo, ni siquiera de 2006, sino que desde hace mucho se arrastra un vacío de Estado que no permite la consolidación de la democracia, pues: “hay delincuentes armados haciendo proselitismo”, dijo. 

Los comunicadores coincidieron en que la democracia no es posible si no tiene como base la libertad de expresión y el acceso a la información, que son derechos constitucionales, por lo que lamentaron que a la amenaza criminal se suma el descrédito que se pretende desde la Presidencia de la República, cuando las decisiones editoriales le resultan críticas o adversas.