Segalmex, el fin del discurso
El presidente Andrés Manuel López Obrador vistió su cruzada en contra de la corrupción con un apotegma: “No somos iguales”.
Con ello trató de establecer un antes y un después a partir de su gestión, a la que pretendía diferenciar del pasado corrupto y autoerigirse en el paladín del uso honesto de los recursos propios.
La realidad, sin embargo, ha hecho que la corrupción desde las entrañas mismas del aparato gubernamental, en este caso de la 4T, haga flotar la podredumbre.
El caso Segalmex vino a echar abajo ese discurso de “No somos iguales” y desnudar de paso deshonestidad, el mal uso de recursos públicos, el abuso de poder, el engaño e incluso la traición que existe en la actual administración.
Fiel a su estilo de manejar la comunicación acorde a las circunstancias que mejor le favorezcan, el pasado 19 de abril, a través de un comunicado de prensa, el Gobierno de México anunció la destitución de Ignacio Ovalle Fernández como titular de la entidad pública llamada Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura.
Ignacio Ovalle, un burócrata que tuvo sus momentos estelares en el sexenio de Luis Echeverría y que luego fue director de la Conasupo y más tarde diputado Federal por el PRI, fue renunciado sin que se ofreciera mayor explicación acerca de los motivos de su defenestración, a pesar de que ya era del dominio público el desorden administrativo, operativo y financiero en la empresa estatal que dirigía.
Se trata del caso de “presunta corrupción” (presunta, porque las investigaciones siguen su curso, con base en 22 denuncias y 15 carpetas de investigación, pero con bastante evidencia del latrocinio perpetrado en ese órgano gubernamental) más emblemáticos del nivel de corrupción gubernamental en la 4T y que echa por tierra el sello de honradez que se pretendía erigir en torno a la actual administración federal.
Ese 19 de abril pasado se informó a través de un boletín de prensa que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López había dado posesión al nuevo titular de Segalmex, sin que se hiciera mención alguna respecto al saldo del funcionario sustituido, Ignacio Ovalle.
“Leonel Cota Montaño (fue designado) como nuevo director general de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) —constituido por Diconsa y Liconsa—, organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
“Leonel Cota Montaño sustituye a Ignacio Ovalle Fernández, quien a su vez ha sido designado por el presidente de la República como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob)”, decía el boletín oficial.
Ovalle se cayó para arriba, es decir el propio el propio gobierno de la 4T envió a Ovalle a otro cargo en la administración federal, pero ahora en la Secretaría de Gobernación. Protección o componenda, ese fue el mensaje que dejó ese movimiento de funcionarios.
LA DANZA DE LOS MILLONES
Esta semana, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador, no tuvo otra más que apechugar respecto al caso de corrupción en Segalmex y confirmó, lo que otros medios ya venían difundiendo con datos y detalles reveladores respecto al desvío de recursos en esa empresa, dedicada a la compra de alimentos para su distribución, a precios bajos, a población de grupos marginales.
López Obrador dijo que Roberto Salcedo Aquino, Secretario de la Función Pública, informaría sobre “presuntas irregularidades” financieras por un monto de 9 mil millones de pesos en Segalmex.
Destacan, por ejemplo, denuncias del desvío de recursos del gobierno para fondear una financiera privada, es decir que con dinero del Estado algunos corruptos de esta administración fondearon a una empresa privada dedicada al otorgamiento de créditos.
La Fiscalía General de la República reveló que la autorización de compra de 100 mil certificados bursátiles fiduciarios privados con recursos públicos es ilícita, dado que, como señala el Estatuto Orgánico de Segalmex, el director general no contaba con la facultad de colocar recursos públicos en tales certificados,
Antes ya se tenía conocimiento de otro presunto ilícito.
Quedó documentado por investigaciones periodísticas serias que entre 2019 y 2020 Segalmex otorgó 797 millones de pesos en adjudicaciones directas a seis empresas cuyos socios habían participado en empresas fantasma.
Dichos contratos fueron firmados durante la gestión de Ovalle y del entonces director de Finanzas de Segalmex, René Gavira Segreste, quien por cierto también estuvo involucrado en la compra la inversión ilegal de compra de certificados bursátiles.
Este caso Segalmex emana olores fétidos, no solo por las operaciones ilícitas, las alianzas delictivas, sino también por que se trata de una de las empresas enfocadas a garantizar alimentos básicos y baratos a gente pobre, principalmente. Nuevamente la corrupción detrás del discurso de combate a la pobreza, lo que resulta ilícito, inmoral e inhumano.
“No somos iguales”, como reza el lema presidencial para defender su gobierno incorruptible se ha desfondado. Quizá no son iguales, los funcionaros presentes y los pasados, pero, por lo que se sabe, roban con gran similitud.
