Revelan anomalías en contratación de software de 6 mdp para el Congreso
MORELIA, Mich., 9 de junio de 2022.- El desarrollo del software de casi seis millones de pesos que adquirió el Congreso del Estado y que a la fecha no opera, fue contratado por la apoderada jurídica, María Isabel Ceja Linares, quien fue contratada por recomendación del presidente de la Junta de Coordinación Política, Fidel Calderón.
La funcionaria tiene poder general para pleitos y cobranzas, pero no para hacer adquisiciones al margen de la ley ya que, por el monto, se debió hacer una licitación pública en lugar de una adjudicación directa, a una persona física de nombre José Alfredo Aburto Gaitán.
El contrato de prestación de servicios profesionales fue firmado el pasado 30 de diciembre y el 31 de diciembre, a las 16 horas, se emitió un cheque a favor del proveedor, por parte de la directora general de Finanzas, Beatriz Climaco, también contratada por recomendación de Fidel Calderón.
El contrato lo conocieron los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en una reunión privada, convocada por su presidente, en el restaurante Kaitori, para que autorizaran una prórroga de tres meses a la persona que está desarrollando el software para que opere plenamente.
El único voto a favor de la prórroga fue el de Fidel Calderón, mientras que la coordinadora de la Representación Parlamentaria, Fanny Arreola, se abstuvo y los coordinadores de los diputados del PAN, PRI, PT, PRD, PES y PVEM votaron en contra de esta prórroga porque argumentaron que su consentimiento consumaría el acto de la adquisición de un software que no autorizaron comprar.
La adquisición del software se encuentra en un proceso de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado y la Contraloría Interna del Congreso porque no se cumplió con los procedimientos que marca la Ley de Adquisiciones, por denuncias presentadas por diputados de Morena.
El costo del software generó sospechosismo, sobre todo porque los integrantes de la Jucopo y del Comité de Administración y Control no autorizaron su adquisición, aunque ahora la apoderada jurídica deberá informar quién le ordenó hacer tal compra.
La única razón para la adquisición de un nuevo sistema de contabilidad sería si el actual estuviera caduco, fallara o tuviera deficiencias de actualizaciones, cosa que no es así.
