Resuelven con reparación del daño el 10% de las denuncias ambientales

PÁTZCUARO, Mich., 31 de mayo de 2022.- Entre 20 y 25 carpetas de investigación inicia al mes la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, y de esas, pone en manos de jueces de cinco a siete, de las que se obtienen resultados favorables en dos o tres que, por lo general, se resuelven con reparación del daño, por lo que, por delitos ambientales, no hay casos de pena carcelaria, sostiene José de Jesús Reyes Mosqueda, titular de la fiscalía, en entrevista con Quadratín.

Reconoce desarticulación institucional para prevenir, perseguir y castigar este tipo de delitos, atrás de los cuales, en muchos casos, está el crimen organizado.

Contrario a lo señalado durante el presente mes por el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Recursos Naturales (Semadet) y por el director de la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom), con relación a denuncias presentadas, Reyes Mosqueda señala que de la Cofom han recibido “unas cuatro, en lo que va del año”, de las cuales dos se presentaron en abril, incluido el incendio de Santa María, en la capital del estado, si bien es cierto que la dependencia lleva “una bitácora como de 50 incendios”. Al preguntar por las presentadas por la Semadet, el fiscal aclara que “la Secretaría las canaliza a través de Cofom”; o sea que son las mismas.

No obstante que “el dato exacto no está aquí a la mano”, asegura que durante 2021 hubo “gran auge” tanto en la denuncia como en la judicialización de casos, pero dado que para estos delitos no hay prisión preventiva oficiosa, queda margen a la salida alterna, mediante la que se ha logrado, según dice, la reparación del daño, que sería “el interés u objetivo de esta Fiscalía”, además de “inhibir el crecimiento del delito de cambio de uso de suelo”.

Reconoce desarticulación institucional para prevenir y atender estos delitos, pues “hasta la fecha la unificación no se ha logrado, eso es evidente”. No obstante, la Fiscalía que representa está intentando esa coordinación desde las regiones, con ediles, autoridades comunitarias e instituciones.

“Estamos haciendo un primer recorrido en los focos rojos (…) estamos captando la problemática, y lo que les decimos es que denuncien”, porque solo así podría cumplir su trabajo la Fiscalía. La “coordinación institucional debería ser completa con Federación, Estado y municipios”, señala.

Denuncia y confianza

Entrevistado en la Fiscalía, inexplicablemente instalada en inaccesible paraje, en medio de la nada, entre Pátzcuaro y Lagunillas, a donde se llega de oídas, con escasa cobertura telefónica, resulta evidente la ausencia de denunciantes o público interesado. Reyes Mosqueda reconoce que faltan señalamientos, accesos claros para la ciudadanía, pero que han intentado apoyos del municipio de Pátzcuaro para la Iluminación, pero “la verdad es que está muy lento eso”, y en general, “ha sido pues difícil la situación, pero aquí estamos atendiendo con todo gusto”.

A pesar de ello, pide a la ciudadanía que utilice la denuncia en línea, desde cualquier parte del Estado, y que a través de ella obtienen una clave para dar seguimiento a cada caso.

De los ayuntamientos se presentan muy pocas denuncias, sobre todo de Morelia, Uruapan y Zamora, aunque en realidad, de esas demarcaciones consideradas como focos rojos, “nosotros somos los que iniciamos la carpeta, por las denuncias en línea”. Y de Zitácuaro, otro municipio crítico, no llegan denuncias, “quiero pensar que por la distancia”.

El diagnóstico es claro y es el que comparten en lo fundamental, tanto instituciones, academia y público en general. Y el fiscal no es la excepción: Es sabido que, desde hace más de 20 años, no hay autorización para huertas de aguacate, “eso hace presuponer que una huerta nueva está al margen de la ley, pero lo que tenemos que documentar para presentarlo al juez”. Y casi de oficio, en “las plantaciones que son abismal o notoriamente nuevas, recientes, es donde iniciamos una carpeta de investigación”.

Y aunque se habla de prisión en el Código Penal, puede ser conmutable si es por primera vez el delito, y el infractor se salva con multa y reparación, aunque queda el registro de la sanción. Por eso, los dos o tres casos que se resuelven favorablemente por mes, se van por la salida alterna, que al reconocer responsabilidad y aceptar reparar el daño, el procedimiento se suspende mediante convenio calificado por el juez.

Interrogado sobre otros factores que pudieran estar condicionando la comisión de delitos ambientales, como lo ha hecho en anteriores ocasiones, reconoce la presencia del crimen organizado.

En las zonas forestales “llegas a enfrentarte con un grupo de personas que… que… este… que entre comillas, son los que cuidan… pero en realidad son los que están haciendo el daño ambiental”. Ese es el riesgo en determinadas zonas.

“La verdad si es, eh, este, muy, este, sí es… no sé cómo decirlo, este, muy… ehhh… a veces continuo, sobre todo en determinadas horas… ya de tarde o noche o de madrugada… nosotros tenemos que estar cuidando el riesgo, pues no tenemos el personal suficiente, solo 10 policías de investigación… y no da para enfrentar ese tipo de riesgos”, estima.

No obstante, su autoevaluación no podía haber sido más contundente, “la efectividad de nuestra labor, ha sido muy buena, un 99 por ciento de efectividad de sostener la investigación que hacemos, en el juzgado”.

No es de extrañar, entonces, el superlativo grado de impunidad, con ese trasfondo de desarticulación institucional, con cada dependencia, con sus datos y presunción de cumplir ley y política pública ambiental, mientras que los incendios se apagan gracias a que está llegando la temporada de lluvias.