Prisión de por vida, insuficiente para frenar feminicidios: ministra
MORELIA, Mich., 13 de mayo de 2022.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, consideró que la pena vitalicia o prisión de por vida no es suficiente para frenar el feminicidio en México.
“No creo que solamente se pueda resolver el problema aumentando la pena; por supuesto que estoy a favor, pero no creo que sea la única razón que vaya a disminuir este problema, que tiene muchos factores que hacen que la mujer sea víctima”, expresó.
Entrevistada este viernes durante su visita a la capital michoacana, al encuentro denominado 100 abogadas, una ministra, la servidora pública recordó que la problemática es grave, pues actualmente en México mueren más de 10 mujeres diariamente por motivos relacionados con el género.
“Son muchos factores los que hacen que la mujer sea víctima de los hombres que abusan sexualmente de ellas y las matan por razones relacionadas con el género, y estos factores pueden ser desde la educación en casa, las escuelas, la falta de respeto a la otra persona; somos el 51 por ciento y no es posible que no se respete a la otra mitad”, dijo.
La ministra mencionó que, aunado al feminicidio, que es la violencia extrema, existen otras formas de violencia, como la psicológica, la económica y patrimonial, que hacen que cada minuto dos mujeres pidan auxilio al 911.
Señaló que otro de los factores que debe de considerarse es la falta de coordinación entre las dependencias que participan ante un feminicidio, desde el primer respondiente, la Policía, el Ministerio Público y el juez a quien toca resolver el caso.
“Es testa falta de coordinación, la diferencia de criterios para valorar las pruebas que se dan; otro de los problemas es que no se está aplicando el protocolo para investigar con perspectiva de género, pues en los casos de necropsia no se aplica a las mujeres, y no se analiza si hubo agresión sexual; toda esta parte es la que nos preocupa”, explicó.
El asunto viene al caso luego de que el Congreso de Michoacán reformó la Constitución para aplicar hasta 60 años de prisión como pena máxima, una medida que juristas y vertientes feministas cuestionan, al señalar que una política punitiva no acabará con el feminicidio, sino que se trata de un problema integral.
