Subsanan observaciones para recursos de nuevo sistema de justicia laboral

MORELIA, Mich., 4 de mayo de 2022.- Solo dos observaciones hizo el Gobierno federal al expediente de Michoacán para que los poderes Ejecutivo y Judicial puedan acceder a la bolsa de 43 millones de pesos para la implementación del nuevo sistema de justicia laboral, afirmó el presidente del Poder Judicial, Jorge Reséndiz.

Una de esas observaciones fue sobre el equipo a adquirir, ya que debía estar justificada hasta su ubicación en relación con el número de personal y su distribución en los juzgados para evitar suspicacias sobre una solicitud mayor a lo requerido; la otra fue porque no anexaron el contrato de arrendamiento del espacio que se va a utilizar en Zamora, el cual se omitió pese a contar con él.

Fue por eso que en cuanto se hicieron las observaciones se subsanaron y el expediente que conjuntamente elaboraron Ejecutivo y Judicial ya está listo para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social autorice el fideicomiso y se les transfieran los recursos, indicó el magistrado en entrevista con Quadratín.

Una vez que fluyan los recursos, que se dividirán en partes iguales entre Ejecutivo y Judicial, consideró que el avance será rápido, a menos que por los montos de las obras se tengan que licitar, porque ya están disponibles los espacios tanto en Zamora como en Uruapan, así como los diseños para la distribución de las oficinas y las salas de oralidad.

En la región Morelia, donde habrá dos juzgados, dijo que lo único que hace falta es el equipo, ya que se dispondrá de dos salas que se utilizaban para audiencias penales hasta el pasado noviembre, cuando se trasladaron al Centro de Readaptación Social David Franco Rodríguez.

En cuanto al personal, dijo que serán entre 10 y 15 personas en cada uno de los cuatro juzgados con que iniciará el nuevo modelo de justicia laboral, dos jueces, un secretario de instrucción, secretarios auxiliares, escribientes, actuarios, un secretario administrativo y un técnico para el manejo de la tecnología.

“Empezaremos con el personal estrictamente necesario y en la medida en que se vaya requiriendo por la demanda tendremos que ir incrementando el personal para que los asuntos laborales salgan y que no se nos empantanen porque es una de las finalidades de la reforma laboral, que haya una justicia pronta y eficiente”, dijo.

Por eso es que la apuesta es a la conciliación que estará a cargo del Ejecutivo, en centros que estarán en las mismas regiones que los juzgados, a los que solo se turnarán los expedientes de los casos que no se logren resolver con la intervención de mediadores capacitados, y aun cuando se judicialicen los expedientes, los jueces puede seguir intentando la conciliación.

Reconoció que, para solucionar las diferencias entre patrones y trabajadores, poniéndolos en igualdad de condiciones, no hay fórmulas mágicas y la prueba está en los estados donde a pesar de contar con muchos facilitadores se judicializan muchos casos y otros donde con menos personal se están turnando menos casos a los juzgados.

“Por pláticas con el Gobernador (Alfredo Ramírez Bedolla), estamos apostando a que estos mecanismos alternativos de solución de conflictos tengan una relevancia en la solución de los problemas laborales y, aunque el ámbito laboral es muy dinámico, esperamos buenos resultados siguiendo las buenas prácticas de otros Estados que ya nos llevan un paso adelante”, agregó.

El problema, reconoció, es que en los medios alternativos de solución de controversias las partes ceden en algunas de sus pretensiones para lograr un acuerdo que las deje satisfechas, mientras que al judicializarse un caso el juez hace lo que indica la ley sobre lo que se reclama.