Tener la razón
Obsesión de las más perniciosas es creer tener la razón. Sucede en todos los menesteres, particularmente en la política. Como nunca, esta circunstancia ha sido tan explícita porque ahora se acompaña de soberbia e impunidad. Por igual se presenta cotidianamente que en temas de mayor relevancia institucional. El país ha ido transitando hacia formas de convivencia en las que la mentira, el engaño deliberado y el odio al otro son parte del paisaje.
Es posible que la degradación de la verdad, del lenguaje y de la ética toquen piso en los próximos días. Tres derrotas se requieren: la de la Corte al declarar la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, el rechazo en el Congreso de la iniciativa presidencial por la reforma eléctrica y la consulta fallida por la revocación de mandato.
La triple derrota del Presidente no significará, necesariamente, que conduzca a una reconsideración de las formas y del fondo de su conducta; posiblemente, al contrario, ante la adversidad resuelva por las formas más autoritarias y represivas del poder presidencial. La pérdida ante el Poder Judicial Federal y ante el Congreso puede llevarle a extremos autoritaritos por dos consideraciones: la falsa idea del apoyo popular y la supuesta incondicionalidad del segmento militar. A pesar de sus excesos verbales, su rencor social y su acreditada intolerancia López Obrador no es un político inclinado a la represión. Sin embargo, la política da curso a lo impensable, como ha sido la militarización de la vida civil.
López Obrador, por ignorancia o por deformación, considera que la legalidad está subordinada a la justicia. Discutible visión en un opositor, inaceptable para quien detenta autoridad, todavía más para el jefe de Estado. La Corte deberá rechazar la Ley de la Industria Eléctrica porque va contra la Constitución. No importa si se tiene la convicción o certeza de que el texto constitucional es inmoral, injusto o resultado de la imposición de los intereses ilegítimos. Una ley ordinaria no puede corregir el texto constitucional. Eso lo saben los ministros y sería una osadía, además de una vergüenza someter el principio de legalidad a un criterio político. En perspectiva, los votos por la constitucionalidad de la ley serán los de la ignominia.
El bloque opositor, ni siquiera el entreguismo de Alito o del líder real del PRI, Moreira da para aceptar la iniciativa constitucional de reforma eléctrica. El Presidente perdió la mayoría calificada; en consecuencia, las reformas constitucionales deben ser resultado del consenso y no de la intimidación a la que pretende someter a diputados y senadores opositores, aunque él esté decidido a imponer su modelo de mercado eléctrico y abandonar la transición a energías limpias, propuesta inaceptable para la oposición y buena parte del sector social y privado nacional y extranjero.
En la consulta para la revocación de mandato la relevancia no estará en el resultado de quienes desean que López Obrador continúe en su gestión; desde ahora se anticipa una ventaja muy por arriba quienes le apoyan según las encuestas. Tampoco se logrará concitar la participación de 40% de los ciudadanos enlistados para votar. La importancia radica en la derrota, que ya ocurrió, independientemente de los números: la pérdida de legitimidad en el ejercicio del poder. Tuvo que comprometer a la ilegalidad a su gabinete, a sus gobernadores afines y al conjunto de su estructura política para superar el reto que le impone la consulta por el poco interés que provoca un proceso muy manoseado, sin competencia y sin incertidumbre del resultado.
El Presidente diseñó un esquema para relanzar su mandato en el cuarto año de su gobierno. Su antecesor, Peña Nieto, sufrió en ese mismo año las derrotas electorales que no previó. Igual sucederá a López Obrador con este triple encuentro con la adversidad. Es encarar, al momento del declive del sexenio, que tener la razón no es cuestión de poder o de autoridad, sino de entender la realidad.
