Opinión/Gonzalo Gabriel Estrada Cervantes

A 30 años de la ley agraria

A mis queridos compañeros y amigos de la Procuraduría Agraria

*Gonzalo Gabriel Estrada Cervantes

A 30 años de la Legislación Agraria, como miles de profesionales de nuestro país, a partir de 1992 por azares profesionales del destino, nos incorporamos a dos nacientes instituciones que vendrían a garantizar los derechos de los campesinos y a elevar su nivel de vida. Un 25% de la población mexicana de la época que habitaba el 50% del territorio nacional. Me refiero a las instituciones de administración y procuración de justicia agraria, esto es, los Tribunales Agrarios y la Procuraduría Agraria.

Nos lanzaron al campo mexicano imbuídos de un espíritu reformador que acompañaría a los campesinos mexicanos del país a escalar nuevos estadíos de bienestar.

Certificamos cartográfica y documentalmente todo el país para brindar certeza jurídica a sus titulares y por otra parte poner, quizás con deficiencias, en el mercado las tierras y los recursos naturales de la propiedad social.

Trabajamos al inicio con lo que en la época decíamos, un campo envejecido, aquellos sujetos agrarios que habían sido beneficiados en los inicios, incluso, del reparto agrario. Trabajamos también con un limitado número de mujeres campesinas con derechos legales reconocidos. Hemos sido testigos de cómo aquellos hombres mayores honraban la palabra en sus tratos agrarios, no se diga también la palabra, la fortaleza y la decisión de la mujer rural.

Treinta años después, desde el punto de vista social a nivel de los núcleos agrarios nos encontramos con un importante e interesante proceso de feminización de los ejidos y comunidades y un gran avance en la inclusión de mujeres en los Órganos de Representación y Vigilancia. Se advierte mayor disciplina y compromiso de la mujer rural en las actividades que se le encomiendan al interior de los núcleos agrarios. Por contra, se advierte también un desapego de las nuevas generaciones de sujetos agrarios en las tareas propias del campo; debido entre otros factores a la falta de expectativas y de apoyos para hacer producir su unidad parcelaria, y les ofrece mejores alternativas laborales el sector servicios en el medio urbano. Por fortuna no ocurre en todo el país, dado que en algunas regiones sí se cuenta con acceso al agua y tierras de mayor calidad. Puesto que sigue aportando alimentos a la sociedad urbana.

A treinta años de la aplicación de la Ley Agraria, tenemos que hacer un ejercicio de reflexión profunda a partir de analizar lo que si ha funcionado y lo que no ha funcionado en beneficio de los sujetos agrarios; pero una reflexión que no sea solo desde el ámbito académico e institucional, sino una reflexión que parta precisamente de interrogar y de escuchar las opiniones de todos los involucrados en el campo, de cómo debe reorientarse la política agraria nacional, toda vez que tenemos en México, un gran país pleno de recursos naturales, que avanza a distintas velocidades; por lo que se requiere un ejercicio, valga la expresión, de “geometría variable” principalmente en las regiones más depauperadas del país.

El Gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha hecho un gran esfuerzo por ahorrar recursos que han sido reorientados a programas sociales, en el caso del campo a sembrando vida, que aún no llega a todos los estados del país, pero que se transita en ese rumbo. Sin embargo, tenemos que ver a nivel nacional en cada uno de los 32,202 núcleos agrarios del país las condiciones socioeconómicas en que se encuentran, pues como lo ha expresado el Procurador Agrario Licenciado Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, los núcleos agrarios tienen al menos un recurso natural susceptible de aprovecharse. El reto es que ese aprovechamiento sea sustentable y con reparto justo de los beneficios para todos.

La Procuraduría Agraria ha sido y es una de las Instituciones con el mayor número de profesionales en las distintas ramas que inciden en el desarrollo rural, valdría la pena conjuntar esfuerzos con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), aparte de los que ya se tienen con SEMARNAT, CONANP, SADER, CONAFOR, y abordar la realización de un censo de núcleos agrarios, pues el último censo nacional, según datos de la propia página del INEGI, data del año 2007. Es de vital importancia contar no solo con la información socioeconómica, sino cuál es la nueva conformación territorial rural y sus diferentes usos y aprovechamientos. Porque tenemos ante nosotros el gran reto de articular, lo que yo llamo los derechos de la “triple AAA”: agrario, ambiental y agroalimentario. Hacer coincidir una asignatura mundial impostergable: sociedad, economía y medio ambiente. Abramos el debate, reflexionemos, propongamos nuevas políticas a partir de estos treinta años de lecciones de la cuestión agraria en el México contemporáneo.

*El autor es Licenciado en Derecho, Maestro en Desarrollo Rural y Maestro en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad. Diplomado en la Unión Europea. [email protected]