La tabla, práctica común en centros de rehabilitación
MORELIA, Mich., 29 de enero de 2022.- Hoy toca tabla. No, no es hora de hacer reparaciones domésticas o ejercicios físicos. La tabla es el castigo que ameritan las quejas por la comida, de dudosas calidad y procedencia, servida.
En el centro para tratar personas con adicciones, hay un lugar específico para aplicar la tabla, alejado de las miradas curiosas, pero del conocimiento de los pacientes, quienes saben qué les espera ante la insubordinación.
En Michoacán hay 280 centros de rehabilitación para personas con adicciones, anexos, granjas o grupos de ayuda mutua registrados por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), y el 60 por ciento de estos se ubica en Morelia, 168 espacios, señaló Hebert Flores Leal, titular de la instancia.
De acuerdo con la Dirección de Inspección y Vigilancia de Morelia, sólo seis de estos lugares cuentan con una licencia municipal de funcionamiento, emitida como del giro B de alto impacto, agregó Adolfo Valdespino Silva, director de la dependencia.
Centros de rehabilitación para personas con adicciones, sin regulación clara
Hoy toca tabla. Ángel*, paciente en el centro de rehabilitación, trató de escaparse, una vez más, y todos sus compañeros de habitación, 12 hombres entre 19 y 48 años de edad, algunos adictos al crack; otros, a la cocaína; la mayoría, a cualquier cosa que pudieran comprar y les hiciera olvidar, también tendrian tabla.
Caminaron hacia la cabaña, un cobertizo de madera en los límites del predio, y desnudos, sin probar alimento o agua y vigilados de cerca por un empleado del lugar, se prepararon para pasar la noche en pie. Si se mueven o quejan, el castigo será más severo.
No hay mecanismos eficientes para regular la operación de estos centros, reconoció Hebert Flores.
Desde la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), se intenta dar formalidad y regular a estos lugares, desde centros de ayuda mutua hasta centros de rehabilitación y granjas, donde se ofrece ayuda emocional y soporte por parte de otras personas en proceso de recuperación o ya recuperadas de alguna adicción, mientras que en otros sitios de tiene además atención médica y psiquiátrica, y algunos más pretenden tener áreas especializadas para la desintoxicación de sus pacientes.
"Es un problema nacional, porque la Conadic da certificados a los lugares que lo tramitan y los ayuntamientos otorgan licencias de funcionamiento, pero para operar no tienen más obligación, hasta el momento, de tramitar otros avisos o licencias ante instancias de salud.
"Además, muchos no se apegan a las normas de la Conadic o a las normas oficiales mexicanas, por lo que en algunos se violentan los derechos humanos fundamentales de las personas, quizá en aras de ayudar, pero eso no justifica las violaciones", detalló.
Flores Leal reiteró que el 60 por ciento de los 280 centros de rehabilitación para personas con adicciones en la entidad están en Morelia, y en su mayor parte son grupos de ayuda mutua, porque los requisitos para su apertura y operación son menores y el seguimiento que hace la Coepris es más complejo.
Hoy toca tabla también. Arturo* no terminó su ración de comida. Estaba fría y los frijoles tenían mal sabor, además que el agua de limón contaba con un gusto a fresa pasada. Los cubiertos mostraban restos de alimentos y se rumoraba que en el salón de al lado, los trabajadores comían lo que las familias de los pacientes, con amorosas manos, preparaban, ajenos a las carencias de los pacientes.
Las acciones de revisión de la Coepris se llevan a cabo desde el padrón de sitios o por quejas de familiares familiares internos y comités vecinales. Preferentemente, éstas últimas.
Ruidos molestos, personas que se brincan a las azoteas de las casas vecinas para intentar huir, presuntos robos, malos olores, principalmente, son las quejas que recibe la Coepris.
Pese a que en ocasiones se refieren casos de abusos o violencia contra los pacientes, Hebert Flores indicó que no se han atendido quejas por decesos, ante las que, de producirse, los responsables de los centros de rehabilitación tendrían que dar aviso a las autoridades competentes y a los familiares, además de la Fiscalía General del Estado (FGE), si se trató de una muerte violenta.
En caso de malos tratos, es la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) el área responsable, aseveró, que estaría en posibilidad de hacer "muy fuertes" recomendaciones que losnayuntamientos acatarían.
La Coepris atiende la revisión del permiso sanitario de construcción, las condiciones de las cocinas, los instrumentos de refrigeración, las bitácoras de temperatura y procedencia de los alimentos, muestreo de alimentos en busca de bacterias contaminantes, índices de cloración del agua, las instalaciones sanitarias, las habitaciones y la distancia entre las camas o literas, de dónde viene el agua, entre otros.
Algunas quejas captadas por la Coepris son un "pretexto" para que la autoridad se presente en el sitio, ya que la problemática real es de otra índole, fuera de su jurisdicción.
Para los centros de rehabilitación para personas con adicciones también hay tabla, si incumplen con la norma. Si no hay un permiso sanitario de construcción o si la instalación ya no cumple con las especificaciones, es posible promover el cierre.
Aparte, hay un área de dictaminación de las multas económicas, que pueden ir de mil a 30 mil pesos, en función de su gravedad, la cantidad de infracciones detectadas y la reincidencia.
En la clandestinidad
Hoy toca tabla al centro de rehabilitación para personas con adicciones donde la familia de Ignacio* pretende que se atienda. Recorre las instalaciones, precarias, pero limpias, en un área habitacional al norponiente de Morelia, con baja densidad de viviendas. Escuchan las reglas, los horarios, las comidas, las aportaciones que deben hacer. Todo es bueno, hasta que llegan a los documentos.
No, el lugar no tiene documentos que mostrar a la familia. El encargado asegura que cuenta con la licencia municipal de funcionamiento, pero no la exhibe, y dice que está registrado ante salubridad, pero no especifica en qué padrón.
Sólo seis de los 168 centros de rehabilitación para personas con adicciones en Morelia tienen una licencia municipal de funcionamiento, expuso Adolfo Valdespino. Los demás están en la clandestinidad.
Aseguró que desde septiembre de 2021 no se emiten licencias a estos establecimientos, aunque sí se han solicitado.
En el trienio 2018 a 2021 se clausuraron 17 centros de rehabilitación para personas con adicciones en Morelia y 26 más fueron infraccionados.
Por lo menos 84 espacios fueron recaudados y entre las inconsistencias identificadas destacaron no contar con licencias municipales de funcionamiento, incumplimiento de medidas de protección civil, no aplicación de medidas de prevención de contagios por coronavirus (Covid 19), hacinamiento, carencia de higiene, y posibles violaciones a los derechos humanos de los pacientes.
Durante las revisiones que en ese lapso efectuó la Secretaría del Ayuntamiento, en conjunto con la FGE, la CEDH y la Coepris, se encontró inclusive a un individuo con antecedentes por homicidio.
El Directorio Nacional de Establecimientos Residenciales Reconocidos por la Conadic en Michoacán, fechado en noviembre de 2020 y disponible en línea, precisa la existencia de siete lugares, cuatro ubicados en Morelia, y el resto, en La Piedad, Charo e Hidalgo.
De este universo, seis están clasificados como grupos de ayuda mutua y uno, con esquema mixto.
Los costos de sus servicios oscilan de 13 mil 500 a 60 mil pesos, a veces en cuotas fijas y a veces, variables.
Coordinación, la apuesta para regular
En los dias buenos, toca tabla. Cualquier acción que parezca mal a los encargados y trabajadores del centro de rehabilitación, como quedarse dormido en la charla motivaciones diaria, contradecir así sea minimamente la filosofía del lugar, no reconocer el gran esfuerzo de los responsables del centro para dejar las drogas que consumieron a veces por 15 años, a veces por 20, o pedir que se entreguen las cosas que envían las familias a los pacientes.
En los malos, los castigos suben de nivel y es amplia la gama de detonantes, como intentar huir, que un compañero de cuarto se fugue, la abierta rebeldía ante las indicaciones o que la familia indague sobre el estado en que se encuentra el paciente.
Los castigos en los días malos pueden incluir golpizas y violaciones, pero los pacientes no hablan de eso. Samuel* lo sabe de oídas, que la ocasión que lo dejaron amarrado de pies y manos en la casa de la tabla, sin cobija y sin comer, no fue lo peor que pudo pasarle.
Flores Leal señaló que en el Senado de la República hay varios proyectos para buscar regular de manera eficiente los centros de rehabilitación para personas con adicciones, como la creación de una instancia con capacidad y competencia para ello, más allá de lo que hace ahora la Conadic, pero no hay algo general para el país.
En el caso de Michoacán, tras la creación de la Dirección de Salud Mental, en la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), se tiene planeada una estrategia de intervención donde la coordinación entre las distintas instituciones trabajen en coordinación por el bienestar de los pacientes y por una verdadera rehabilitación. Y en esta estrategia los ayuntamientos, que otorgan la licencia de funcionamiento, son prioritarios.
"Ante la falta de una ley clara, en la entidad pugnamos por la coordinación", expuso.
Esto incluye la implenentación de un comité de verificación, donde participe la Dirección de Salid Mental, que no se limite a "apagar fuegos" ante una queja o denuncia, sino que genere visitas de evaluación constantes para que los centros no hagan cosas que no les están permitidas, así como de, en caso de que el lugar no tenga la capacidad de atender a los pacientes, segunda vincular con espacios que sí la tengan o que el estado se haga cargo, a través, por ejemplo, del hospital psiquiátrico.
Además, se tiene que fortalecer la actuación de los ayuntamientos, para endurecer la obtención de requisitos como la anuencia vecinal, que es un área de oportunidad.
"Si vamos y encontramos indicios de irregularidades para las que no tenemos jurisdicción, tenemos que hacer un trabajo coordinado, y la prioridad es no dañar mas a las personas, porque si cerramos un lugar no podemos dejar vulnerables a los pacientes, tenemos que activar redes de apoyo para recibirlos y darles seguimiento", refirió.
Consideró que existen las condiciones para lograr esta coordinación, porque ahora los ayuntamientos tienen temor tienen temor hacer revisiones al no conocer cómo evaluar los aspectos sanitarios, de aforos o médicos, y en esto la Dirección de Salud Mental y la Coepris serán determinantes.
Mientras tanto, Ángel* recibe en el día de visita mensual a su familia, que lleva rajas con crema y tostadas para comer, un refresco, su ensalada favorita y un pay de manzana casero. La familia lo observa comer con avidez, no sabe que estuvo sin alimentos la noche anterior. Y él no sabe cuándo volverá a tocar tabla.
*Los nombres fueron cambiados para reservar la identidad de las personas.
