Opinión/Erik Avilés Martínez

2022: 10 Propósitos por la Transformación Educativa.

Hay grandes oportunidades para que en 2022 tengamos el año en el cual suceda una transformación educativa palpable en cada una de las realidades de estudiantes, maestros y sus familias en Michoacán, en donde se avance en los siguientes aspectos:

• Que se garanticen más y de mejor manera los derechos de la infancia y juventud en la entidad federativa, especialmente los derechos a estar, a convivir, a participar y a aprender en las escuelas públicas, espacios donde por antonomasia las garantías individuales se ejercen a plenitud, conforme a los atributos constitucionales de laicidad, gratuidad, universalidad, inclusividad y excelencia.

• Que se siga avanzando en la recuperación de la rectoría de la educación estatal, para que exista estado de derecho y se obedezca la normatividad aplicable en la materia, cumpliéndose asimismo la voluntad de la mayoría de los michoacanos en las urnas, vertida tanto en julio de 2018 cómo el 6 de junio de 2021.

• Que las reformas educativas recientes y la visión de la Nueva Escuela Mexicana puedan llegar a todas las escuelas y a toda la niñez en la entidad, recuperándose colectivamente la noción de progreso, el sentido evolutivo que es consustancial a la educación, como principal logro material y cultural de una transformación que debe pasar de su advenimiento a su realización cabal, logrando un antes y un después en las existencias de más de un millón trescientos mil niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la entidad.

• Que se ejecute con efectividad y transparencia el presupuesto de egresos para el estado de Michoacán 2022, de tal manera que se garanticen plenamente los derechos humanos de la infancia y juventud en la entidad; particularmente, aquellos que se ejercen en las escuelas, concebidas como modelos de la sociedad futura que aspiramos a construir y ser.

• Que se redimensionen, se reivindiquen y se protejan los derechos de los trabajadores de la educación, primeros garantes del derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la entidad. Por lo anterior, que se les valore respetando sus derechos adquiridos y respetando su autonomía sindical, sin buscar la sempiterna incidencia invasiva por razones político-electorales, la cual invariablemente acaba mal, atropellando derechos de estudiantes, de maestros y de la ciudadanía.

• Que se reestructure la participación social en la educación, bajo un modelo de gobernanza y ciudadanía, extendiendo al máximo la normatividad aplicable en la materia, logrando con ello que se multipliquen las acciones y recursos gubernamentales que se invierten en el sistema educativo estatal gracias a la acción sinérgica de los ciudadanos, padres de familia, organizaciones de la sociedad civil y sector privado, quienes con colaboración, transparencia, vigilancia, contraloría social, donativos en efectivo y en especie, comunicación y difusión, participación democrática y otras dimensiones de acción más expanden las posibilidades de que la educación logre sus más elevados fines entre las generaciones en formación.

• Que los funcionarios de la estructura de la administración pública estatal en materia educativa conformen y desplieguen un equipo de trabajo capaz, honesto y decidido, que supere exitosamente la curva de aprendizaje y genere políticas públicas que honren profundamente las intenciones transformadoras de la administración actual. Donde, colaborativamente acierten a tomar decisiones siempre poniendo al centro el derecho a aprender de los estudiantes de las instituciones bajo su encargo, sin dejarse arredrar por presiones adulto-céntricas, que conlleven otros intereses ajenos a los de la niñez y juventud en la entidad.

• Que se logre implementar a cabalidad el decreto del pasado 11 de octubre, para que la presencialidad escolar sea una realidad para todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la entidad, sin importar género, etnia, estrato socioeconómico o discapacidad alguna. El gobierno debe ser garante de la provisión de todos los insumos necesarios y medidas para asegurar un regreso a clases seguro, superando a los riesgos que entraña la pandemia por COVID-19, aún presente y no derrotada del todo. Por ende, debe haber un modelo híbrido de respaldo para aquellos que aún no pueden hacer presencialidad plena o para atemperar cualquier posible ola de contagios adicional.

• Que la infraestructura física educativa, su mantenimiento preventivo y correctivo, así como su equipamiento sean de vanguardia, de calidad y completamente transparentes, para que cada peso del erario que se destine para tales efectos sea debidamente fiscalizado y todos los michoacanos podamos estar tranquilos y en la certidumbre de que se está haciendo una inversión social segura, por lo cual, cualquier ejercicio recaudatorio o de endeudamiento que se emprenda para fondear al sistema educativo estará plenamente justificado y legitimado.

• Que en 2022 se avance y se persevere en la lucha contra la corrupción en el sistema educativo estatal, partiendo de que su anidamiento en este preciso espacio educador es redobladamente antijurídico, pernicioso e inmoral, por lo cual debe de ser castigado con todo el peso de la ley y prevenido de todas las formas legalmente posibles. No puede seguir contaminando a los maestros y trabajadores de la educación en general, ni a los estudiantes, ni tampoco a sus familias. Ha habido buenos inicios de la actual administración estatal mediante las denuncias públicas encabezadas por el propio gobernador del estado respecto a mecanismos de huachicoleo, saqueo y corrupción instrumentados en torno a los recursos humanos del sistema educativo estatal.

En suma, venimos de una sima en el desarrollo educativo estatal, pero se han construido mejores condiciones en muy poco tiempo. Existen evidencias suficientes para considerar que 2022 puede llegar a ser el mejor año en materia educativa en mucho tiempo para Michoacán de Ocampo y sus habitantes. ¡Que así sea!

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