Lenta, ejecución de sentencias porque implica pagos de varias instancias
MORELIA, Mich., 8 de septiembre de 2021.- La ejecución de sentencias que emite el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) es lenta porque implica pagos de diferentes instancias a los proveedores reclamantes y es pública la situación de la administración pública, reconoció su presidente, Jesús Sierra Arias.
Sin embargo, dijo que poco a poco se ha avanzado ya que a principios de este 2021 tenía 94 procedimientos de ejecución de sentencia y ahora tienen 61, lo que implica que se ha resuelto un tercio que, puede parecer poco, pero muestra que se hacen las gestiones pertinentes para que los acreedores vayan recuperando lo que el gobierno les debe.
Otro dato que dio fue el de la primera sala administrativa ordinaria a su cargo, la que recibió hace poco más de dos años, tenía alrededor de 63 asuntos, pero se ha procurado la conciliación a través de los diferentes mecanismos y actualmente tiene menos de 20, lo que quiere decir que sí han ido cobrando los acreedores.
“Claro que no es con la velocidad que la gente quiere porque depende mucho de la capacidad económica del Gobierno, no es un asunto tan sencillo, pero obviamente el Tribunal no es complaciente, pero tampoco arbitrario, sino que se sujeta a los procedimientos legales para cumplir con su función”, indicó en entrevista con Quadratín.
En cuanto a los montos dijo que son muy variados, algunos de 300 o 400 mil pesos, otros de dos o tres millones y algunos que alcanzan los 40 o 50 millones de pesos, pero más allá del dinero que cada juicio llega a implicar lo importante es satisfacer la necesidad del demandante porque para él puede representar quizá todo su patrimonio o su modo de vivir.
El magistrado Sierra Arias reconoció cuando los juicios se alargan y no se ejecutan las sentencias salen más caros al erario por los intereses que generan y es importante que las autoridades hagan conciencia de que cuando esté demostrado que hay una obligación de pago no extiendan los procedimientos para que el Gobierno no termine pagando más de lo que debe.
Aclaró que las multas que se imponen por negligencia de las autoridades no se pagan con recursos públicos sino del peculio de cada servidor público involucrado, por lo que insistió en la necesidad de que desde la emisión de una sentencia se cumpla o se llegue a un acuerdo entre las partes, en beneficio de todos.
