Rueda de Molino/Jorge Hidalgo Lugo

Rueda de Molino

A prueba diputados opositores y magistrados electorales, ante la embestida presidencial

Jorge Hidalgo Lugo

Armado con las mismas prácticas de abuso y atropello que le dejó como insana experiencia haber tenido el control absoluto de diputados impresentables y lacayos, Andrés Manuel López Obrador dio una suerte de bienvenida a los opositores en San Lázaro con el madruguete para aprobar la Ley de Juicio Político en la primera sesión de la incipiente representación federal.

Lo hizo cuando ni comisiones han sido conformadas y sólo estaban definidos los órganos de gobierno como la Junta de Coordinación Política y Mesa Directiva, a través de sus subordinados de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, para aprobar por mayoría simple el proyecto de decreto de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, al tiempo que se abrogó la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En esta nuevo agandalle instrumentado desde Palacio Nacional, se llevaron más de ocho horas para llegar a la votación y sacar el nuevo capricho de López Obrador con 266 votos a favor, 205 en contra y cero abstenciones.

De esta forma desde el Ejecutivo federal se podrá ya perseguir y armar juicios de procedencia y desafuero en contra de gobernadores sin que éstos puedan ser protegidos por los Congresos locales, como ocurrió con Francisco Javier García Cabeza de Vaca en Tamaulipas, quien sigue dando la pelea en tribunales ante la obstinación presidencial de verlo tras las rejas al precio que sea, así se deba retorcer la ley y pisotear la justicia, como pareciera ser la consigna presidencial.

Sin embargo el obsceno madruguete morenista todavía tiene que pasar por el Senado donde pareciera no tendrá traba alguna, pero es factible que llegue a la Suprema Corte de Justicia, si los propios legisladores de oposición lo determinan, dada la dudosa constitucionalidad del procedimiento por lo que este primer logro que siente tener López Obrador en sus haberes, es aún incierto.

Con lo anterior, ahora está a prueba el bloque opositor de PAN, PRI y PRD, al que se ha sumado de forma por demás convenenciera y oportunista Movimiento Ciudadano, pues López Obrador va por las reformas que le obsesionan por igual en materia electoral, eléctrica y una más relacionada con la Guardia Nacional.

Y pareciera que es precisamente en la primera, donde la apuesta es del todo por el todo, por lo que representa para el ego presidencial quien insiste en echar a la calle a los actuales consejeros del Instituto Nacional Electoral y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Ello, además de eliminar diputados y senadores de representación proporcional, y reducir al máximo el costo de las elecciones, lo que pareciera una idea bondadosa, pero con una alta carga de populismo y mala intención para contar con mayores elementos a su favor con qué incidir en bien de Morena en los comicios del 2024.

Pero en la triada legislativa que pretende imponer el opresor, la de mayor relevancia es lo que representa precisamente la desaparición del actual INE y el Tribunal Electoral de la federación, toda vez que para lograrlo requerirá de una mayoría de votos que no tiene y para lo que requerirá cooptar a una buena parte de diputados opositores, al costo que sea.

Y es ahí precisamente donde estará la prueba de fuego para esos representantes populares que deberán tener en cuenta si traicionan a los votantes que los eligieron, precisamente con la intención de lograr un dique que detuviera los abusos de poder del Ejecutivo federal o se van por la fácil de dejarse seducir con ofrecimientos millonarios, para vender la causa que dijeron abrazar.

Mientras eso acontece, los magistrados del tribunal federal tienen en sus manos aún la decisión de anular o no los comicios donde sus hoy anunciados verdugos, lograron victorias ilegales, apoyados por manos criminales y con toda clase de trapacerías.

Los integrantes de ese órgano colegiado también están a prueba para saber de qué están hechos, y si los dominará el miedo a las represalias anunciadas por López Obrador quien desde ahora los quiere ver en la calle “haiga sido como haiga sido” o de una buena vez sientan el sano precedente, de no ceder a intimidaciones cerrando el paso al narco gobierno, con una resolución contra el narco partido y sus actores involucrados.

Por eso es que llama poderosamente la atención el actuar del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, cuya ansiedad por proclamar ganador a Morena y su candidato, ha sobrepasado los límites de la prudencia, rayando en el activismo partidista que pone en duda la honorabilidad de sus integrantes.

Indignos actores que se empecinan en alzar la mano en cuanta ocasión tienen a su alcance, como en la última aparición de su farsa mediática donde hasta una sede alterna alquilaron para hacer entrega de una constancia sellada y firmada por todos y cada uno de los protagonistas de esta falacia. 

Lo lamentable de esto es que sean magistrados que se supone conocen las leyes y el derecho electoral al dedillo, quienes incurran en esto porque la finalidad de la Constitución estatal es validar la elección, sí, pero una vez resuelta la cadena impugnativa, lo que aún no acontece en este caso.

Les ganaron las prisas o les urgieron por el pago de favores recibidos desde ese impresentable tribual, el caso es que se prestaron a la farsa mediática con ese “acto solemne” pues mejor que nadie conocen –igual que el principal involucrado que ya no sabe qué hacer para que le den trato de “gobernador” hasta por los de su propio partido-, que la Carta Magna establece a la Sala Superior como la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, como órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

Y más lamentable aún que se atrevan a declarar una elección válida, cuando se encuentran pendientes recursos que pueden hacer variar el resultado de la misma. 

Engañan y se buscan engañar a sí mismos porque saben que el “recurso madre” está en manos de la Sala Superior, precisamente luego que en una de las tantas cantaletas de victoria a favor del narco partido, se impugnó ante la Sala Superior, máxima autoridad en materia electoral en nuestro país, donde aún no se emite el resolutivo final.

Así las cosas con estos pésimos actores que bien pudiera hacer un casting para la versión purépecha de “Bastardos sin Gloria” en los estudios cinematográficos del “Bienestar” y hasta competir por un premio de la academia a entregarse en una de las tantas mañaneras en Palacio Nacional, con todo y aplaudidores oficiosos.

Nada más, pero nada menos.

Vale…