Presenta Saúl Rodríguez demanda de juicio político contra Yarabi Ávila
MORELIA, Mich., 25 de agosto de 2021.- Saul Rodríguez, designado consejero del Poder Judicial por el Ejecutivo Estatal, presentó demanda de juicio político en contra de la presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Yarabi Ávila, por violentar sus garantías individuales y derechos humanos, así como Constitucionales de desempeñar un Empleo del Servicio Público.
El consejero, que no ha asumido el cargo porque el Congreso del Estado no le toma protesta, señaló que se debe a intereses y ambiciones personales de la diputada Ávila para ocupar algún cargo en el gobierno que se avecina.
Indicó que sin sustento legal alguno, sin incumplimiento de alguno uno de los requisitos de ley de su parte ha sido discriminado, razón por la que no solo presentó la demanda de juicio político, sino que inicialmente interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, así como una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y está por presentar un juicio de amparo.
A Rodríguez se le informó que rendiría protesta en la sesión en la que se harían otras designaciones pendientes para que salieran todas juntas, pero no ocurrió así, ya que no se le incluyó en el orden del día de la sesión del pasado 18 de agosto, pese a que desde el 21 de junio en que recibió la notificación de su nombramiento se debió convocar a sesión para que le tomara la protesta de ley.
En su demanda de juicio político señala que Ávila, junto con otros diputados entre los cuales destacan Zenaida Salvador, Brenda Fabiola Fraga, Osiel Equihua, integrantes respectivamente de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva del Congreso, así como otros diputados que se mencionan en dicha denuncia, ha incurrido en una conducta delictuosa en su perjuicio: en principio, porque está retardando, obstruyendo y obstaculizando la toma de protesta, lo que genera actos de discriminación en su contra.
El delito que esta cometiendo Ávila y otros diputados es el de discriminación, que tiene una pena de seis meses a tres años de prisión o de 50 a 200 días multa y de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad; y que tratándose de servidor público –como es el caso-, tiene una agravante, que se actualiza cuando éste niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, y en este supuesto la pena mencionada se aumenta hasta en una mitad más.
