Violenta ley Arquidiócesis al pedir excluir despenalización del aborto
MORELIA, Mich., 15 de julio de 2021.- La Arquidiócesis de Morelia violenta la ley al pedir al Congreso del Estado excluir de la agenda pública la discusión de la despenalización del aborto en la entidad, aseveró la colectiva feminista Incendiarias.
En una carta abierta dirigida a Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia, Incendiarias reclama la declaración dada a medios de comunicación por el jerarca católico, el pasado 10 de julio, donde pide a los diputados locales, a nombre de la arquidiócesis, “no poner en la agenda pública la discusión de la despenalización del aborto en el estado”, ya que con esto viola la Constitución Política de México, así como la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
A continuación, el texto de la carta abierta que la colectiva feminista Incendiarias dirige a Garfias Merlos:
Carta abierta a Carlos Garfias, arzobispo de Morelia
Carlos: no nos vamos a detener. La lucha por el aborto legal finalizará cuando hayamos vencido. Y es emblemática porque significa apropiarnos de nuestros cuerpos, el primer territorio de muchos que tu iglesia y otras instituciones patriarcales se han empeñado en prohibirnos.
Estamos hartas. La institución que representas durante siglos nos ha instrumentalizado, cosificado, discriminado y oprimido. Cuando hemos hablado, cuando nos hemos opuesto, cuando hemos cuestionado el rol estereotipado que tu institución nos ha querido asignar, se nos ha considerado herejes, posesas, diabólicas: brujas. Se nos ha perseguido, torturado y asesinado por ello. De hecho, uno de los mitos fundacionales de tu religión —aquel que dice que la mujer es inferior al hombre— es el culpable de que hoy la violencia feminicida sea una dolorosa realidad para la gran mayoría de las mujeres mexicanas. En esencia, los hombres nos oprimen, violan y matan porque nos consideran de su propiedad, tal como les ha enseñado tu biblia.
La modernidad y el auge de los derechos humanos los han obligado a moderarse, pero ustedes no han cejado en su misión de rebajarnos a una categoría infrahumana para seguir decidiendo sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. Por si no te has dado cuenta, los tiempos han cambiado. Ya no estamos en la Edad Media, ni en la colonia, ni en tiempos en que la Inquisición dominaba con el terror a tu dios. Es el tiempo de los derechos humanos, del respeto a la vida, de la libertad y, sobre todo, es el tiempo de las mujeres. Y nunca más permitiremos que el dominio opresivo de tu iglesia nos dicte destinos que no queremos.
Tus declaraciones violan el principio de laicidad del Estado mexicano, establecido en el artículo 130º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 3º la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Esta última determina también que constituye una infracción el “promover la realización de conductas contrarias a la salud o integridad física de los individuos” y “ejercer violencia física o presión moral, mediante agresiones o amenazas, para el logro o realización de sus objetivos” (artículo 29º, numerales IV y V). Más allá, la petición que hace la arquidiócesis a tu cargo, al Congreso de Michoacán, de “no poner en la agenda pública la discusión de la despenalización del aborto en el estado”, transgrede el artículo 8º, numeral IV de la misma ley, que obliga a tu asociación religiosa a “propiciar y asegurar el respeto integral de los derechos humanos de las personas”.
Es decir, tus declaraciones en medios de comunicación ponen en entredicho los derechos humanos, específicamente los de las mujeres. De hecho, hacer uso de tu derecho a la libertad de expresión para incitar a la discriminación de las mujeres y restringir nuestros derechos, está proscrito por nuestra Constitución Federal, que a la letra cita en su artículo 6º:
“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.”
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 1º, numeral III, describe la discriminación como “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades (…)”. Asimismo, en su artículo 4º, prohíbe “toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades en términos del artículo 1o. constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley”. En su artículo 9º determina las formas de discriminación, de las cuales transcribimos las competentes a tus declaraciones del pasado 10 de julio:
“Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras:
(…) VI. Negar o limitar información sobre derechos sexuales y reproductivos o impedir el libre ejercicio de la determinación del número y espaciamiento de los hijos e hijas;
(…) IX. Negar o condicionar el derecho de participación política y, específicamente, el derecho al sufragio activo o pasivo, la elegibilidad y el acceso a todos los cargos públicos, así como la participación en el desarrollo y ejecución de políticas y programas de gobierno, en los casos y bajo los términos que establezcan las disposiciones aplicables;
(…) XI. Impedir o limitar el acceso a la procuración e impartición de justicia;
(…) XIII. Aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la igualdad, dignidad e integridad humana;
(…) XV. Promover el odio y la violencia a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación;
(…) XXVII. Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, injuria, persecución o la exclusión; (…)”
Por si fuera poco, tus declaraciones públicas violan los artículos 1, 2, 3 y 5 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), de la que el Estado mexicano es parte. Al discriminarnos en razón de nuestro sexo estás promoviendo un discurso de odio, a la vez que legitimas y perpetúas la violencia en contra de nosotras. Es comprensible que tú y tu institución se aferren a los privilegios y poderes de los que aún gozan, pero por ningún motivo permitiremos que lo hagan a costa de nuestra vida y nuestra libertad, nunca más.
Tus presiones hacia las y los diputados no son otra cosa que evidentes patadas de ahogado del representante local de una institución arcaica, caduca y decadente. El campo de la política te es vedado, Carlos; aunque tengas acuerdos bajo la mesa con operadores corruptos y alienados, tus concepciones metafísicas no tienen nada qué hacer en la arena de las leyes, los derechos humanos y las políticas públicas. La religión es un asunto privado de quien decide profesarla, y nada tiene que hacer en las vidas y decisiones privadas de otras personas, mucho menos pretender trastocar la vida pública con concepciones morales, que son individuales.
Tu institución solapa corrupción y violencias. Morelia es sede de una de las mayores redes de pederastía, pornografía y explotación sexual infantil a nivel nacional. Y según la OCDE, México ocupa el primer lugar mundial en abuso sexual infantil. Valdría la pena investigar el porcentaje que la iglesia católica, y en particular la arquidiócesis de Morelia, aportan a la estadística.
A estas alturas, lo que la institución a la que perteneces tendría que estar haciendo es disculparse por todos los crímenes cometidos en nombre de su dios, y no seguir sumando agravios a la larga lista. Es momento de cosechar lo que han sembrado: millones de mujeres hartas de su yugo y decididas a acabar con su dominio del terror. No les tenemos miedo, ya no.
Por nuestras abuelas, por nuestras madres, por nuestras hijas y nietas, por nosotras mismas: nunca más gozarán de la comodidad de nuestro silencio. Somos libres de ustedes. Sabemos que durante veinte siglos hemos sido el conducto perfecto para materializar su ideología en la vida terrenal. Pero se acabó. Estamos indignadas, estamos preparadas y estamos en pie de lucha. Cueste lo que cueste, su dominio no volverá a oprimir nuestras vidas.
Al Gobierno Federal, al Gobierno del Estado de Michoacán, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y al Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia (COEPREDV), de acuerdo a las atribuciones descritas en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en sus artículos 2º y 3º, solicitamos enérgicamente que se revise y, en su caso, se sancionen las declaraciones del arzobispo de Morelia y vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Carlos Garfias Merlos, vertidas en rueda de prensa el pasado 10 de julio de 2021, en relación a las violaciones que las mismas cometen en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 1º, 4º, 6º y 130º; de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en sus artículos 8º y 29º; de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en sus artículos 4º y 9º; y de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), de la que el Estado mexicano es parte, en sus artículos 1, 2, 3 y 5.