Opinión/Rafael García Tinajero
Medicamentos , buenas intenciones y malos resultados .
Por Rafael García Tinajero Pérez
Gobernar no es fácil, de allí la exigencia ciudadana por gobiernos que decidan acciones acertadas para resolver problemas públicos, realizar objetivos y producir beneficios de alcance general mediante políticas públicas adecuadas.
Las buenas políticas públicas tienen en común cinco atributos esenciales , si cualquiera de ellos no esta presente el fracaso es la regla y estos son: ser legalmente impecables ; socialmente aceptables; bien sustentadas técnica y científicamente ;financieramente viables y bien operadas políticamente. El que se cumplan estos atributos hace que las decisiones de gobierno pasen de ser buenos propósitos y nobles intenciones o soberbios proyectos sociales a transformarse en hechos materializados cuyos beneficios disfruten los ciudadanos.
El caso del desabasto de medicamentos que se vive en el país puede ser ejemplo paradigmático de una política pública que no cumple aquellos preceptos y ocasiona males mayores que los que pretendía resolver .
Desde antes de tomar posesión , el presidente Andrés Manuel López Obrador había manifestado su intención que una de las medidas que implementaría contra la corrupción, tal como lo hizo en el gobierno del Distrito Federal, sería el que una sola instancia administrara las contrataciones públicas de servicios y obras del Gobierno Federal. Así que, durante la transición de gobierno en 2018, López Obrador en conjunto con el que sería secretario de Hacienda, Carlos Urzúa , establecieron un plan para que las compras públicas pasaran a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Un día antes de que asumiera la presidencia López Obrador y como resultado de una iniciativa impulsada por la bancada de MORENA en el Congreso , se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto por el que quedaron aprobadas las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, facultando desde ese momento a la SHCP como la única autoridad competente para realizar compras consolidadas
Esto incluyó también a la compra consolidada de medicamentos, decisión con la que se terminaba con el modelo de este tipo de adquisición que, desde 2013, el IMSS había venido realizando no solo para sus hospitales y clínicas sino para otras instituciones como el ISSSTE, Secretaría de Salud, SEDENA y los Servicios de Salud de algunas entidades federativas, entre otras y que logró ahorros por más de 21 mil millones de pesos entre 2013 y 2018.
Este proceso se realizaba bajo un estricto ejercicio de administración de operaciones y cadena de suministros que se iniciaba desde un año previo a la publicación de las licitaciones y era llevado a cabo por un equipo competente en la materia, aún así había cierto grado de desabasto , sin embargo el cambio súbito de la compra consolidada a la Oficialía Mayor SHCP, sin un proceso adecuado de transición, implicó el que funcionarios inexpertos en la adquisición de medicamentos llevaran a cabo compras insuficientes y retrasadas u otros yerros como por ejemplo el hecho de no realizar estudios que previeran problemas de desabasto o no considerar quienes serían los nuevos proveedores y la capacidad de estos para atender la demanda y garantizar la distribución.
Con una reforma incompleta y al vapor, se pretendió instrumentar un nuevo sistema de compras para todo el gobierno federal. Esto porque si bien se otorgaron nuevas atribuciones a la SHCP no se generaron las reglas conforme a las cuales iba a operar este nuevo sistema de compras. Por ejemplo, no se modificó la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público que otorgaba un papel importante a la Secretaría de la Función Pública ni se creo un reglamento para la dependencia encargada de las compras consolidadas dentro de la Secretaría de Hacienda. Otra falla legal fue que la Oficialia Mayor de la SHCP no tenía facultades para llevar a cabo las compras consolidadas, solo el Secretario y ésta facultad le fue delegada por éste hasta Octubre de 2019.
Por si esto fuera poco , el gobierno sumó otro problema pues el 20 de marzo de 2019 el presidente López Obrador vetó a las tres principales distribuidoras de medicamentos en el país: Grupo Fármacos Especializados S.A. de C.V. (Grufesa), Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico S.A. de C.V. (Dimesa) y Maypo con el argumento e que probablemente habría habido actos de corrupción y tráfico de influencias en adjudicaciones de contratos a estas empresas las cuales interpusieron juicios de amparo contra esta decisión los cuales les resultaron favorables. Sin embargo el daño del veto ya estaba hecho y se reflejó en desabasto de algunos medicamentos, sobre todo oncológicos y contra VIH. Vino después otro problema, la suspensión de actividades en 7 delas 17 plantas de Laboratorios PISA principal productor de Metrotexate en el país por una decisión tomada en la COFEPRIS . No está de más señalar aquí que ante el veto a las empresas , en los niveles inferiores de la administración se siguen comprando en forma emergente medicamentos e insumos a esas mismas empresas a través de intermediarios encareciendo las compras que generalmente se hacen de manera directa y por un número limitado de insumos.
Tras de dos años de mayor desabasto que el que se ve vivía en administraciones pasadas había que encontrar una solución , así el Gobierno de México anunció en 2020 que para solucionar el problema ocasionado por el cambio de modelo de compras de medicamentos, la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos (UNOPS por sus siglas en inglés) se encargaría de la compra consolidada de medicamentos para el periodo 2021 a 2024. Este organismo cobrará una comisión de al menos 1.25% del monto total invertido en la compra. Es decir, se le pagará a la UNOPS alrededor de 85 millones de dólares por hacer la función que anteriormente hacía el IMSS como parte de sus labores desde 2013, además el trato con la UNOPS no incluye el servicio de distribución de medicamentos, por lo que el gobierno propuso a la empresa paraestatal Birmex como solución. Sin embargo esta institución no cuenta con las capacidades, infraestructura, recursos, ni logística para poder proporcionar el servicio de distribución de insumos tan delicados, como lo son las medicinas, a todos los rincones del país. Esta situación es un problema que sigue sin resolverse.
El desabasto de medicamentos ha afectado a todas las instituciones de salud y a miles de personas en todo el territorio nacional.
Es el resultado de buenas intenciones con muy malos resultados pues si bien es loable que se busque eliminar la corrupción en la cadena de compra y distribución de medicamentos , mejorar el abasto, lograr mejor calidad y precio y que la hacienda pública no se vea mermada , la política pública implementada para lograrlo ha fracasado y es menester evaluarla y rectificarla como primer paso para corregir el rumbo.
Las políticas públicas , bien planeadas, organizadas , dirigidas y controladas son el mejor camino para evitar que las mejores intenciones pavimenten el camino a un infierno de malos resultados que, en este caso, significan salud y vidas.
