Elección indirecta de magistrados del TJAM brinda legitimidad social
MORELIA, Mich., 21 de junio de 2021.- La elección indirecta que hace el Congreso del Estado de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) es la que les da legitimidad social, más allá de garantizar que cuentan con el perfil profesional requerido, como es el caso de los magistrados por ministerio de ley, cuyos nombramientos se hicieron en tanto el Poder Legislativo designa a los titulares de dos magistraturas vacantes del órgano jurisdiccional.
El presidente del Tribunal, Jesús sierra, señaló que un magistrado designado por el Congreso cumple con un procedimiento constitucional, desde que se emite una convocatoria hasta que se elige; se somete a una valoración curricular, comparece ante los diputados y debe obtener una mayoría calificada de votos para ser elegido, lo cual le da legitimidad al ejercer el cargo.
En cambio, un magistrado por ministerio de ley, si bien es cierto que profesional y técnicamente reúne los requisitos, carece de la valoración de los diputados, como representantes populares que son y, en ocasiones, se puede poner en duda su legitimidad y por ello, sus nombramientos deben momentáneos, indicó.
Lo óptimo, dijo, es que el Congreso designe con la regularidad que las necesidades imponen para que la gente tenga certeza de que los que están impartiendo justicia provienen de este proceso, pero el responsable es el Poder Legislativo y en el TJAM deben esperar a que decidan sobre los dos nombramientos pendientes.
La magistratura de la segunda ponencia quedó vacante desde octubre del año pasado porque el magistrado Arturo Bucio cumplió los tres periodos para los que fue designado y aunque se emitió la convocatoria exclusiva para mujeres porque de las cinco ponencias sólo una es ocupada por una mujer, debido a la pandemia de Covid 19 no se han llevado a cabo las comparecencias de las 12 abogadas que atendieron la convocatoria.
La otra quedó vacante por la muerte del magistrado especializado en anticorrupción Rafael Rosales, el pasado 29 de marzo y, aunque la notificación oficial se recibió en el Congreso a principios de abril, a la fecha no se ha emitido la convocatoria para los interesados.
Ambas ponencias están a cargo de magistrados por ministerio de ley.